Lo hicieron organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales junto a familiares de víctimas de la violencia estatal. La misma iniciativa había sido presentada en 2010, pero fue archivada y perdió estado parlamentario.
La presentación se hizo en el marco de las jornadas nacionales de lucha a ocho años de la segunda desaparición de Julio López. “Elegimos esta fecha tan representativa para dar cuenta de la continuidad del aparato represivo criminal gestado en el último genocidio en nuestro país y que en la actualidad, durante los sucesivos gobiernos constitucionales, se ha cobrado la vida de más de 2.700 niños y jóvenes asesinados por balas policiales y más de 215 desapariciones forzadas (sin contar las mujeres víctimas de trata de personas para explotación sexual), que reactualizan el terrorismo hacia quienes hoy en día son ‘blanco’ principal del exterminio invisibilizado que se vive en nuestro país, llegando a arrojar cifras horrorosas como lo es el asesinato estatal de un niño o joven (pobre, originario y/o trabajador) cada 28 horas en toda la República Argentina”, explicaron las organizaciones a través de un comunicado.
Los organismos exigen a legisladores provinciales que abran el debate nuevamente para discutir la aprobación del Comité Contra la Tortura de la Provincia de Neuquén, cuya composición – explicaron – deberá ser independiente de cualquier poder del Estado, para garantizar la labor comprometida en la defensa de los derechos humanos: “entendemos que resulta una gran contradicción pretender que el mismo Estado responsable de cometer crímenes que lesionan los derechos humanos, sea quien va a garantizar su prevención y sanción. La realidad nos ha demostrado que en los casos en que los gobiernos tienen injerencia en el comité, este no ha tenido la eficacia que pretendía e incluso ha llegado a ser un engranaje más de los mecanismos de garantías de impunidad que se pone en funcionamiento ante cada crimen estatal”, manifestaron.
En este sentido, señalaron que el Comité es un mecanismo más de los adeudados por el Estado para la prevención y castigo de la tortura. Una iniciativa similar ya se había presentado en 2010: “ha dormido en los cajones de los legisladores perdiendo en la actualidad su estado parlamentario. Lamentablemente, la deuda que mantiene este poder legislativo con toda la sociedad, se ha pagado con sangre de niños y jóvenes de los barrios más empobrecidos de Neuquén, como en los casos de Cristian Ibazeta dentro de la U11 o Matías Casas, Braian Hernández, Willy Gutiérrez en el oeste de la ciudad”, agregaron.
Entre quienes acompañaron la presentación del proyecto se encuentran Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, Ceprodh, Gremial de Abogados/As, Familiares de Braian Hernández y Matías Casas, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, Sindicato Ceramista de Neuquén, Aten, Junta Interna Hospital Castro Rendon, Secretaría de Derechos Humanos ATE Nacional y de Unter, Centro de Estudiantes de Humanidades, PO, PTS, IS, CO, POR, MST, Nuevo Mas, Grupo de Amistad Argentina-Palestina de Neuquén, PSTU, Activar, Banca de Izquierda Socialista en el FIT.
Contactos: Blanca López 0299-15-467-0967 / Ivana Dal Vianco 0299-15-412-1308 / Elizabeth Hernández 0299-15-607-4934.
