Lo hizo el espacio Justicia Ya de La Plata, que denuncia además que el TOF Nº1 de la capital bonaerense solo aceptó la ampliación para 2 de los 22 casos solicitados por la querella.
“Nos llevó más de 10 años lograr que el Juez Blanco se ocupara de esta causa. Lo único que logramos fue que se instruyera y elevara sólo por los hechos acaecidos en el año 77. Nos opusimos a la elevación a juicio por estar la causa desguazada, parcializada e incompleta, denunciando la impunidad que conlleva la política de derechos humanos del gobierno con juicios fragmentados, genocidas prófugos y revictimización de testigos”, afirmaron desde Justicia Ya.
El espacio que agrupa a diferentes organismos de derechos humanos manifestó que la decisión del TOF dejó “en la impunidad más absoluta” a 20 víctimas cuyos casos sólo serán juzgados en el juicio que actualmente se lleva adelante por privación ilegitima de la libertad y tormentos, a pesar de que sus homicidios han sido probados.
La resolución del TOF fue dividida, los jueces (Pablo) Vega y (Pablo) Jantus solo dieron lugar a lo solicitado para los casos de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto. En tanto, el magistrado Carlos Rozansky votó en disidencia haciendo propios los argumentos de la querella: “estos juicios ponen a prueba todo el sistema ya que la legislación no podía prever lo que sucedió de lo contrario no hubiera sucedido. Ya en la instrucción la querella de la AEDD y la Liga por los Derechos del Hombre advierten la gravedad institucional. Por supuesto no encontraron ningún eco y este vacío comenzó cuando no fueron escuchados. Ahora la solución no es sancionar a las querellas en esta etapa del proceso, eso es retrotraerlo a una etapa muy anterior, de revictimización intolerable para los testigos. Una demora que deviene en impunidad”.
Para Justicia Ya, la resolución del Tribunal tiene una clara finalidad política: “desconocer la lucha que los familiares, querellantes, abogados, y organismos de DDHH nucleados en el espacio de Justicia Ya! hemos llevado a cabo a lo largo de 10 años en las causas de lesa humanidad en las que somos parte. A 38 años del golpe genocida continúa la cadena de la impunidad, que en el caso concreto, impide que estos genocidas sean condenados por los homicidios de 20 compañeros. No permitamos que esta resolución arbitraria sea un adelanto de la sentencia, ya que NO estamos dispuestos a convivir con los genocidas en las calles”, señalaron a través de un comunicado.

Contactos: María Cristina Gioglio (Unión por los DDHH) 0221-15-507-5471 / Nilda Eloy (AEDD) 0221-15-586-5035.