Este sábado 12 de julio, a las 13, se realizará una Jornada Cultural por los Derechos Humanos, en Fonrouge y Chilavert, Villa 20, Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Jonathan y Ezequiel fueron asesinados por la Policía Federal el 8 de julio de 2009, pero estuvieron desaparecidos durante más de dos meses sin que sus familias supiesen de su muerte. El efectivo al que se adjudicaron las muertes, Daniel Santiago Veyga, alegó haber actuado en defensa propia mientras intentaba evitar el robo de su auto. Sin embargo, nunca compareció personalmente ante el juzgado a cargo del juez Facundo Cubas, sino que declaró mediante un escrito. Esto alcanzó para que sea sobreseído por el juez, no habiéndose producido la prueba indispensable para esa decisión, y desconociendo a la familia como parte en el proceso.
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Reproducimos el resto del comunicado de convocatoria: “El supuesto delito cometido pareció, en este caso, importar más que la vida de dos pibes, y la causa se instruyó como un ‘NN robo de automotor’, sin atender el hecho de que dos personas murieron.
El 21 de noviembre de 2012 la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, resolvió revocar el sobreseimiento del imputado y apartar de la causa al juez Cubas y a los camaristas de la sala VII de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, quienes habían confirmado el fallo del juez de grado.
Luego del fallo, el Ministerio de Seguridad dispuso el paso a disponibilidad del policía Daniel Santiago Veyga, el mayor imputado en la causa, dependiente de la comisaría número 12.
Durante todos estos años, la familia tuvo que soportar cosas inexplicables. La perversión del personal de la fuerza no tuvo límite. Apareció un video filmado desde el celular de un policía en el momento de la muerte de Kiki, en el cual se escuchan al menos 4 voces distintas. En el mismo, se demuestra la inacción frente a la agonía de Kiki y, además, la burla de los funcionarios hacía la víctima. Sobre ello aún esperamos alguna respuesta.
Cabe resaltar que además existieron otras irregularidades durante los primeros años de la causa que impidieron el curso normal de la justicia y que, sin perjuicio de cualquier hipotético avance, perjudicaron el derecho de las víctimas en el proceso. Asimismo a Angélica Urquiza -mamá de Kiki- se le ‘instruyó’ una causa, totalmente armada por la fuerza policial, en la que no hubo otro remedio que el dictado de su sobreseimiento. Lo que el Poder Judicial no hizo por Kiki, si lo hizo en pos de criminalizar a su familia, en consonancia con el personal de la fuerza policial que intentaba amedrentarla.
Recién a principios del 2012, se comenzó a dar, al menos, un tratamiento acorde a la causa. Sin dudas todo el retraso provocado complicó la reconstrucción del hecho y de las pericias de los distintos objetos involucrados en la investigación. Hoy en día sentimos que se ha escuchado nuestro reclamo y estamos profundizando el mismo.
En 2013 el juez Juan Ramos Padilla llamó a indagatoria a Veyga, quien siguió argumentando la legítima defensa. Por primera vez en la causa dicho juez cuestionó el rol del Estado. ya que luego de asesinar a los pibes, se premió a Veyga con un ascenso dentro de la fuerza . Así accionan las instituciones frente a un caso de Gatillo Fácil.
En octubre del mismo año, se sobreseyó por segunda vez a Daniel Santiago Veyga. El juez argumentó que el sobreseimiento se daba “en beneficio de la duda” por no tener los elementos suficientes para procesarlo y llevarlo a juicio; aún cuando se comprobó la desaparición de las prendas usadas por Jonathan el día del hecho. Luego del fallo, la familia de Kiki Lezcano decidió apelar y continuar en las próximas instancias.
Actualmente aguardamos la respuesta de la sala IV de Casación que de lugar a un posible procesamiento de Veyga y llegar a la instancia del juicio.
El Gatillo fácil no es casual, es estratégico. No existe un cuestionamiento del por qué un pibe fue empujado a la situación en la que vive. No se tiene en cuenta que nadie elige vivir en la marginalidad, sino que son obligados a ello, por el mismo sistema. No importa que pibes desde los 8 años estén en la calle en vez de la escuela; la policía no hace acción social. Sólo tiene que sacarlos de la vista.
El asesinado es pobre, es un ‘negrito’, el acto es legitimado por una sociedad manipulada: Así es criminalizada la pobreza. Y la violencia institucional continúa al acecho.
En este día y cada día, volvemos a empujar a la justicia con la lucha”.
