Los casos de torturas, asesinatos y desapariciones en el sur del país con integrantes de las fuerzas de seguridad como verdugos continúan multiplicándose. Los casos de Sergio Ávalos, Willy Gutiérrez y el de un joven que por miedo a represalias se negó a asistir al juicio iniciado contra tres policías que lo golpearon. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Neuquén / Chubut – El sábado se cumplirán once años de la desaparición de Sergio Ávalos, un joven de 18 años que estudiaba economía en la Universidad Nacional del Comahue. Fue visto por última vez en el boliche Las Palmas. Varias personas denunciaron haber sido golpeadas por el personal de seguridad de ese local, que estaba integrado por ex miembros del Ejército y un grupo de policías que hacía adicionales.
Tras once años, nada se sabe sobre lo que le sucedió. Su familia presentó esta semana un habeas corpus en el Juzgado Federal de Neuquén, presentación que se replicó en otros juzgados del país.
Hasta hace poco tiempo, la justicia investigaba lo ocurrido como una averiguación de antecedentes; recién en febrero de este año el juez de garantías aceptó el cambio de carátula a “desaparición forzada de persona”, pero declaró la incompetencia de la justicia provincial por lo que el expediente fue remitido al juzgado federal, que aún no ha dado respuesta.
A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición, la familia de Ávalos marchará junto a organizaciones sociales y estudiantes, mañana, viernes 13 de junio, a las 18, desde el Playón de la Universidad Nacional del Comahue hasta la Casa de Gobierno, en la capital neuquina, para exigir la aparición con vida de Sergio, juicio y castigo para los responsables de su desaparición y que la justicia federal se declare competente y retome la investigación.
Juicios
Esta semana se llevó adelante el juicio contra Sebastián Gonzáles, acusado de haber matado a Gabriel “Willy” Gutiérrez, testigo clave en el proceso contra Claudio Salas, el policía que asesinó a Braian Hernández, hecho por el que fue condenado a cadena perpetua.
El jurado popular declaró por unanimidad culpable al imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la complicidad de dos personas. A su vez, la querella remarcó que no existe “una casualidad” en relación al crimen y el testimonio que Gutiérrez había prestado tan solo doce horas antes de ser asesinado. Sin embargo, la fiscalía vinculó el hecho con sucesos ocurridos un año antes por lo que se refirió a un “ajuste de cuentas”.
Cabe recordar que desde la Multisectorial contra la Represión denunciaron que a Gutiérrez “lo mandó a matar la Policía, y que el principal responsable es el gobierno por su política represiva, de persecución y judicialización de la juventud trabajadora y pobre”.
Ahora, será el juez quien defina la pena, que para este tipo de delito varía entre 15 años y cadena perpetua.
En tanto, en la localidad chubutense de Esquel se inició un juicio contra tres policías acusados de “lesiones leves, privación ilegal de la libertad, vejaciones agravadas y falsedad ideológica de instrumento público”.
El domingo 14 de octubre de 2012 se jugaba un partido en la cancha de fútbol del camping municipal de Río Pico. Uno de los equipos estaba integrado por tres empleados policiales: Avelino Aminahuel, Leandro Valenzuela y Diego Ortiz.
Alguien del público gritó algo que molestó a Aminahuel y Valenzuela, que – según la acusación del fiscal – increparon a esa persona y lo golpearon en distintas partes del cuerpo.
Esta persona fue hasta la comisaría para denunciar lo sucedido pero allí se encontró con los tres efectivos vestidos de civil, que al verlo ordenaron que lo detengan por estar supuestamente alcoholizado. En el calabozo le habrían pegado nuevamente.
Para la fiscalía, los policías cometieron un segundo hecho delictivo entre el 14 y el 23 de octubre de ese año cuando agregaron en el acta contravencional efectuada el día de la golpiza “declaraciones falsas con el objeto de distorsionar la realidad de los hechos ocurridos”.
La víctima de estos vejámenes no asistió a la audiencia. Tanto la Fiscalía como la Defensa Pública intentaron dar con él sin suerte, se cree que cambió en dos oportunidades su domicilio por temor a represalias de parte de los policías y que no se encuentra en la provincia.
Ante esta situación los abogados defensores intentaron suspender el proceso pero el planteo fue rechazado por el juez Jorge Criado, ya que consideró que no se trata solo del delito de lesiones leves, sino también de otros que son de acción pública. Además, señaló que una vez que los delitos fueron instados, la Fiscalía está habilitada para avanzar.
Fuentes: Puerta E / 8300.com.ar
