El juez de Control de Carlos Paz, Dr. Daniel Ricardo Strasorier, resolvió sobreseer a 15 personas imputadas el 30 de abril del año pasado en medio del conflicto desatado luego de la represión y detención de los vecinos y vecinas del barrio Comechingones de Cuesta Blanca.
La resolución deja muy en claro, que “la acusación Fiscal no puede prosperar”, entendiendo que “las manifestaciones ordenadas y pacíficas en la vía pública no pueden, en ningún caso, ser consideradas infracciones penales, pues el derecho de reunión y de protestas pacíficas, son en esencia, exteriorizaciones del sistema democrático y republicano de gobierno en el marco de nuestro diseño Constitucional”.
Desde el Encuentro de Organizaciones saludaron el fallo del Juez quien en una contundente, fundada y democrática resolución, ha hecho lugar a las oposiciones planteadas por los abogados, frente el intento por parte del Fiscal Marchetti de esa ciudad, de elevar la causa a juicio, bajo la carátula de “Entorpecimiento de Transporte”, contra 15 compañeros y compañeras que están dando una enorme lucha por tierra en la cual, ellos, ellas y sus hijos e hijas, puedan vivir con dignidad.
En otro de los puntos de la resolución, luego de recurrir también a un vasto análisis de derecho comparado (es decir de otros países), queda también claramente establecido, que un corte de calle en el marco de una protesta social, requiere daño o peligro contra terceros (que nunca puede ser un simple retraso vehicular), para que pueda intentarse un encuadramiento penal de la conducta.
Este fallo, es un importante mojón contra la incesante política de represión de la protesta social que está desplegando el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta resolución debe sumarse al pedido de sobreseimiento realizado por la Fiscalía Distrito 3 Turno 4 de esta ciudad de Córdoba, para las 2 compañeras imputadas por el corte frente al predio donde la transnacional de la muerte Monsanto pretendía construir su planta, donde también se argumenta que el derecho de protesta es fundamental para la vida democrática de un pueblo. Ninguno de estas disposiciones las entendemos ni como un favor del poder judicial, ni como un mérito de nuestros compañeros abogados, sino como el resultado de una lucha justa, legítima y digna, que estamos librando el pueblo organizado contra un sistema de exclusión, esclavitud y muerte, que persigue y criminaliza a los pobres y a los que luchamos por una vida digna.
