La Asamblea contra la violencia institucional de la localidad cordobesa de Capilla del Monte convoca para este sábado 9 de noviembre, a las 18, a una movilización que partirá desde la Plaza San Martín. Será al cumplirse dos semanas del asesinato de Jorge Reyna, de 17 años, en una comisaría. Durante estos quince días, los vecinos y organizaciones sociales se manifestaron en varias oportunidades, pero en la mayoría de los casos la policía respondió con represión y detenciones.

(Red Eco) Córdoba – Podría cambiarse el nombre de la víctima y la localidad o provincia donde sucedió el hecho, pero el modus operandi policial es el mismo. Jóvenes humildes son obligados a robar o vender droga por las fuerzas de seguridad; no importa si aceptan o se niegan, los efectivos los persiguen, amenazan, torturan y detienen permanentemente. En una de esas detenciones, el joven aparece ahorcado en su celda. La respuesta automática de las autoridades es el suicidio, pero el propio cuerpo de la víctima lo desmiente. Los moretones, cortes, golpes y posteriormente la autopsia dan cuenta que se trató de un asesinato.
El sábado 26 de octubre, Jorge Reyna de 17 años fue detenido, se lo acusaba de haber robado a unos turistas. A la hora que la policía dijo haberlo apresado, el joven se encontraba en la casa de su abuela. Unos días antes, Reyna había denunciado en la Fiscalía de Cosquín que la policía de Capilla del Monte lo utilizaba para robar y vender drogas.
El domingo 27 de octubre, Reyna apareció muerto en su celda. La policía informó que se había ahorcado con una campera. Apenas se conoció esta información una pueblada espontánea nucleó a 400 personas frente a la Comisaría. Lo mismo ocurrió al día siguiente. En ambos casos la respuesta policial fue la represión, pero para la segunda jornada de protesta se organizó además un operativo con integrantes incluso de la Infantería de Córdoba. Varias personas resultaron heridas con balas de goma y doce fueron detenidas.
Algunos de los vecinos que participaron de estas movilizaciones, afirmaron que en los días siguientes hubo presencia policial en las inmediaciones de sus casas; y hasta en algunos casos, el móvil policial permaneció estacionado en la puerta de sus hogares.
Seis de los detenidos recién fueron liberados cuatro días después. Entre ellos, Sebastián Lamartine de FM Astral. En declaraciones a Prensa Red, el trabajador de prensa relató: “(el día de la pueblada) luego de cenar pasé por la casa de mi madre quien se encontraba de viaje para ver que todo estuviera en orden, y al volver a la mía es cuando de un baldío aparece una camioneta como con quince policías y en la calle Córdoba se da la situación violenta de la detención de dos chicos que iban en una moto y la mía porque mientras le preguntaba y agendaba el nombre de uno de ellos, me detienen al grito de ´también agarren a éste por preguntar tanto´, y también detuvieron a otros dos pibes que iban con su madre (…). Cuando los cinco llegamos a la comisaría nos encontramos con otra persona más, que también estaba detenida por el tema de la pueblada. Pasamos el lunes y martes sin saber por qué estábamos presos y recién el miércoles nos notificaron que era por infringir el artículo 51 y 83 del Código de Faltas de la Provincia (…). Una vez notificados de la imputación, la abogada Ángeles Rodríguez presentó la apelación en la fiscalía de Cosquín para pedir la excarcelación y luego de cuatro días recuperamos la libertad. En la comisaría de La Cumbre no hubo agresión física, pero sí psicológica porque nos decían que nosotros éramos responsables de la pueblada y además los seis estábamos en una celda de dos por dos y durmiendo en el piso”.
Lamartine contó además que tras la pueblada y las movilizaciones continúa habiendo mucha presencia policial por toda la ciudad.
Respecto a las imputaciones recibidas por los vecinos en base al Código de Faltas de Córdoba, sancionado en 1994, desde la Asamblea contra la violencia institucional de Capilla del Monte explicaron que este Código es la principal herramienta de la política de seguridad represiva que se lleva adelante en la provincia, ya que habilita, por ejemplo, a la policía a detener personas que considere que estén cometiendo una falta, pudiendo imponerles una multa máxima de 5.000 pesos o días de arresto: “Bajo esta figura la discrecionalidad policial se profundiza, garantizando la impunidad para delinquir, teniendo la policía potestad para detener personas, (art.123), siendo el mismo comisario o sub comisario quien dicta la condena. Lejos de impedirlo, desde los municipios se apela al orden como medida ‘preventiva’,  aplicando el Código de Faltas ejerciendo un control permanente hacia la población, donde hasta se llega a prohibir las batucadas, por calificarlas  como ‘reuniones públicas tumultuarias’ (art. 99). (…) Esta última figura, también puede utilizarse contra una manifestación, ya que la policía es quien define el carácter de lo ‘tumultuoso’. (…) El ex teniente coronel, Néstor Montero Méndez, hoy devenido en secretario de Gobierno de Capilla del Monte, ha prometido de este modo, orden para la ciudad. (…) A partir de la figura del ‘merodeo’ (art.98), la policía puede arrestar a quien considere que se encuentre en ‘actitud sospechosa’, cerca de edificios o vehículos. A esta tipificación le corresponde un sujeto ‘tipificado’ por la policía, que corresponde a ciertos atributos estereotipados de la figura del ‘delincuente’: joven, pobre y morocho”, especificaron desde la Asamblea a través de un comunicado.
Tras conocerse el asesinato, tres menores amigos de Reyna fueron hasta la Fiscalía de La Falda donde denunciaron que ellos también estaban siendo amenazados por la policía local.
A su vez, el intendente Gustavo Sez relevó a la cúpula policial local y nombró al frente de la Comisaría de Capilla del Monte José A. Solla, de la Comisaría de Carlos Paz.
En tanto, se difundió el informe preliminar de los médicos forenses del cuerpo de Reyna. Allí se indica que el joven murió asfixiado por “compresión explícita del cuello”, y además fue golpeado con un elemento “duro, romo y rugoso”.
Sin embargo, la fiscal de Cosquín que investiga la muerte, Alejandra Hillman, aseguró que los policías “hicieron todo lo posible para intentar auxiliar” al joven y descartó que la autopsia complique a los efectivos que estaban en la comisaría en ese momento.
Podría cambiarse el nombre de la víctima y la localidad o provincia donde sucedió el hecho, pero la complicidad de la justicia con el poder judicial se repite en prácticamente todos los casos.
Mientras tanto, los familiares y amigos de Jorge Reyna y los vecinos de Capilla del Monte se volverán a movilizar este sábado 9 de noviembre, a las 18, en la Plaza San Martín, para reclamar juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato del joven, para decir basta de criminalización y persecución policial a lxs jóvenes, exigir la derogación inmediata del Código de Faltas y la renuncia del secretario de Gobierno local, Néstor Montero Méndez.
Contactos: asambleacapilladelmonte@gmail.com / 03548-15-635-413.
Fuentes: Asamblea contra la violencia institucional de Capilla del Monte / Prensa Red / Anred
Foto:Indymedia Córdoba