Con el objetivo de pedir que lxs legisladorxs traten la adecuación de la ley de fitosanitarios, vecinxs y miembros de organizaiones sociales realizaron un acampe frente a la legislatura provincial durante el 24 y 25 de octubre.
(Red Eco) Santa Fe-Entre Ríos – Lxs pobladorxs se mostraron preocupadxs por la versión que indica que el proyecto perdería estado parlamentario si no se trata antes de la finalización del período ordinario de sesiones del Senado Provincial -que finaliza este jueves 25 de octubre-.  El texto contempla la prohibición de las fumigaciones a menos de 800 metros de barrios, escuelas y cursos de agua.
Desde el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) afirmaron que el acampe “será testigo de lo que hagan o dejen de hacer los senadores y que la historia juzgará”. Asimismo, en relación a la postura tomada en el Senado, aseveraron: “Ni la cantidad de firmas recolectada, inédita desde que se tiene registro, ni los estudios médicos oficiales revelando el aumento de enfermedades por causa de las fumigaciones, ni las advertencias científicas (…), parecen haber hecho mella en ese duro cuerpo, quien sin distinción de partidos, ha decidido dilapidar todo su prestigio y credibilidad antes que poner límites al masivo envenenamiento en curso”.

“Soy un envenenado por el sistema productivo que se ve tan loable”
Así se define Fabián Tomasi, un vecino de la localidad entrerriana de Basavilvaso que durante años trabajó para una empresa de fumigación aérea: allí se desempeñaba cargando las avionetas con agroquímicos. “Preparábamos los productos que traían a la pista improvisada de donde salían los aviones. En cueros y en shorts tirábamos el veneno en un bidón gigante, que de ahí se subía al avión”.
Como consecuencia de su actividad, se le diagnosticó una polineuropatía tóxica. “No tengo ningún músculo del cuerpo sano, y tengo millones de problemas de salud porque esas sustancias están elaboradas para matar. Todo lo que ellos llaman `malezas´, sea vegetales,  animales, o todo lo contrario al cultivo que quieren vender, lo quieren eliminar”, concluyó Tomasi.
Asimismo sostuvo “no hay manera de esparcir 300 millones de litros de veneno por año y creer que eso no va a afectar a la salud humana. Todo aquel que emplea veneno es culpable, porque no se aplica el derecho precautorio a la salud”.
También en Entre Ríos se dio a conocer el procesamiento del productor agropecuario Rodrigo Nicolás Prieto por el homicidio de Nicolás Arévalo, un niño de 4 años que residía en la localidad de Lavalle y murió tras pisar un charco contaminado con agrotóxicos.
El veneno inhalado por el niño también traspasó su piel: tras la autopsia se hallaron restos de endosulfán en su organismo, sustancia que también fue encontrada cerca del predio que posee el productor. El acusado también enfrenta cargos por lesiones graves debido a la severa intoxicación que padeció Celeste Estevez, prima del fallecido: la niña estuvo 3 meses internada en el Hospital Garrahan y a pesar de haber pasado un año y medio de su internación, continúa en tratamiento.

Fuente: CeProNat Santa Fe – Prensa UAC – La Retaguardia