La Asamblea Popular por el Agua convocó para este martes 19 de junio, a las 10, se realizará una marcha que partirá desde Costanera y Vicente Zapata (nudo de costanera), pasará por la Legislatura local y finalizará en los Tribunales, donde se le reclamará a la Suprema Corte de Mendoza que declare en pleno la Constitucionalidad de esta ley que surgió de la lucha de las asambleas de vecinxs autoconvocadxs, de la movilización e indignación ante las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la norma que impidió que la Megaminera San Jorge destruyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes.
La aprobación de esta ley se obtuvo hace casi cinco años. Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos y lobbistas locales, han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y  lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial Mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la megaminería.
Esta ley también protege los lagos, cuencas  y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la DIA (declaración de impacto ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización) deben ser ratificadas por ley; c) permite mayor participación en los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) les exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro ambiental. 
“Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por la vigilancia del pueblo, en la Legislatura se cuidan de dar el zarpazo a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial. En el terreno de la justicia local, una asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un grupo de empresas relacionadas con la megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar inconstitucional la 7722. Hoy, esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están avanzando aceleradamente, ante la impaciencia de los capitales, por lo que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de lo que está en juego, que la suprema corte provincial ratifique la constitucionalidad de la ley 7722 en pleno, es decir, que todos sus miembros traten este asunto”, manifestaron a través de un comunicado lxs integrantes de la Asamblea Popular por el Agua.