El Gobierno nacional aprobó el ingreso de Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto de Glencore, multinacional denunciada por contaminación y vulneración de derechos en distintos países. La decisión se produce mientras las comunidades de la Región Albigasta vienen desarrollando movilizaciones contra otro proyecto minero en la zona de El Alto, a cargo de Litios del Norte S.A. Las asambleas socioambientales advierten que no permitirán que el avance de la minería ponga en riesgo el agua, los bosques y las actividades productivas locales. Red Eco Alternativo

(Adrian Flores para Red Eco) Catamarca – Mientras Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil garantizan beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las grandes corporaciones, las comunidades deben enfrentar los riesgos de un modelo que exporta minerales y deja a su paso contaminación, crisis hídrica, pérdida de biodiversidad y pasivos ambientales y sociales.

El 27 de octubre, el Gobierno de Javier Milei oficializó la adhesión de Agua Rica al RIGI mediante la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía. El proyecto, presentado por Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, pertenece a Glencore y prevé una inversión total declarada de 6.393 millones de dólares para explotar cobre, oro, plata y molibdeno en Catamarca.

Esta decisión no puede separarse de la política económica del Gobierno nacional, que convierte la entrega de beneficios al gran capital en moneda de cambio para obtener las divisas necesarias para pagar la deuda externa a la usura internacional: el FMI, el Banco Mundial y los fondos buitre. El RIGI no representa simplemente un mecanismo para atraer inversiones, sino una herramienta que profundiza un modelo de subordinación económica en el que los bienes comunes se entregan a las grandes corporaciones a cambio de divisas destinadas a sostener el pago de una deuda que recae sobre el conjunto de la sociedad.

Se configura así un doble saqueo: por un lado, la apropiación y depredación de los bienes comunes, el agua, los minerales, los bosques y los territorios; por otro, la extracción de las divisas que genera esa explotación para alimentar el circuito del endeudamiento externo. La riqueza se extrae, se exporta y se convierte en ganancias corporativas y recursos destinados al pago de la deuda, mientras en los territorios quedan la contaminación, la degradación ambiental, la pérdida de las economías locales y la pobreza. Se saquean los bienes comunes y también la riqueza que se produce con ellos.

Esta orientación política quedó expuesta casi al unísono. El miércoles 28 de octubre, apenas un día después de la resolución sobre Agua Rica, Javier Milei encabezó en Catamarca un acto para inaugurar la expansión Fénix 1B y la operación Sal de Vida, dos proyectos de Río Tinto que representan una inversión cercana a los 1.400 millones de dólares.

Durante su discurso, el Presidente defendió el rumbo económico de su gestión y reivindicó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta para atraer capitales y acelerar la actividad minera.

La secuencia habla por sí sola: mientras el Ministerio de Economía habilitaba el ingreso de Agua Rica al régimen de privilegios para las grandes inversiones, el Presidente celebraba junto a Jalil la expansión de otros dos emprendimientos mineros. No son hechos aislados, sino expresiones de una misma política: poner los territorios, el agua y las condiciones de vida de sus comunidades al servicio de la rentabilidad de las corporaciones y de una estrategia económica subordinada al pago de la deuda externa.

Glencore: una trayectoria que atraviesa fronteras

Detrás de Agua Rica está Glencore, una de las grandes corporaciones mineras y comercializadoras de materias primas del mundo. Su trayectoria internacional acumula denuncias ambientales, investigaciones, sanciones administrativas y cuestionamientos por vulneraciones de derechos humanos. En Argentina, su historia está vinculada a Bajo de la Alumbrera, cuyos antecedentes judiciales vuelven especialmente urgente examinar los riesgos de la nueva explotación.

En noviembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del entonces gerente general de Minera Alumbrera por contaminación ambiental de la cuenca Salí-Dulce.

La causa investigó vertidos provenientes de la planta de filtros de Cruz del Norte, en Ranchillos, a través del canal DP2. Según el Ministerio Público Fiscal, los análisis detectaron concentraciones de cobre superiores a los valores guía para la protección de la vida acuática. Si bien el procesamiento no equivale a una condena penal firme, constituye un antecedente judicial concreto que no puede ignorarse.

En Perú, las controversias en torno a Glencore-Antapaccay ofrecen otro ejemplo. En octubre de 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la empresa una multa superior a 5,5 millones de soles por exceder los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10 en su operación de Espinar, en la región de Cusco. La sanción se sustentó en un procedimiento administrativo y en estudios ambientales que examinaron la contaminación en la zona.

Las denuncias en Espinar no se limitan al polvo. Organizaciones como CooperAcción y Oxfam documentaron cuestionamientos sobre la contaminación, los impactos sociales de la actividad minera y el cumplimiento de los estándares ambientales y de derechos de los pueblos indígenas. En 2025, comunidades afectadas presentaron una acción de amparo por contaminación con metales pesados y, durante 2026, el proceso continúa pendiente de una audiencia de fondo.

En la República Democrática del Congo, Glencore fue objeto de denuncias periodísticas por vertidos ácidos vinculados a sus operaciones y por las condiciones de trabajo infantil en la cadena minera del cobre y el cobalto. En 2021, además, el Gobierno británico aceptó tramitar una denuncia por vulneraciones de derechos humanos relacionada con un derrame de aguas residuales tóxicas ocurrido en 2018 en Chad. Tras el contacto con el agua contaminada, habitantes de la zona denunciaron quemaduras, lesiones y enfermedades.

A estos antecedentes se suman las controversias argentinas vinculadas a AR Zinc, en Santa Fe, y las denuncias por el derrame de agroquímicos y el posterior incendio en un depósito de la compañía en América, provincia de Buenos Aires, difundidas por medios socioambientales como La Tinta.

El conjunto de estos antecedentes también está desarrollado en el perfil corporativo publicado por la Agencia de Noticias Tierra Viva en junio de 2026, que reúne cuestionamientos a Glencore en distintos continentes.

La dimensión internacional de estas denuncias importa porque permite comprender que los conflictos no constituyen una preocupación exclusiva de Catamarca. Las promesas empresariales de sostenibilidad deben contrastarse con lo que sucede en los territorios donde estas corporaciones desarrollan sus operaciones.

Milei y el RIGI: garantías para las corporaciones

El RIGI es una de las herramientas centrales de la política económica de Milei para atraer grandes inversiones. Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de condiciones especiales que subordinan las normas nacionales y provinciales a las garantías establecidas para los proyectos aprobados.

El artículo 165 de la Ley Bases establece que cualquier norma nacional o provincial que se oponga, limite, restrinja o desvirtúe lo previsto por el RIGI es nula de pleno derecho. El régimen también obliga a garantizar el suministro de insumos esenciales, como agua o energía, para los proyectos aprobados.

De esta manera, se construye un marco de privilegios extraordinarios para las grandes corporaciones, que no solo obtienen ventajas económicas y cambiarias, sino también garantías sobre recursos esenciales para desarrollar sus operaciones.

Frente a estas condiciones otorgadas a empresas con semejante poder económico, surge una pregunta fundamental: ¿por qué se les conceden tantos beneficios mientras las poblaciones deben luchar para que sus derechos ambientales sean respetados?

¿Qué garantías efectivas tendrán las comunidades? ¿Qué recursos independientes controlarán los impactos? ¿Qué mecanismos asegurarán la reparación integral de los daños? ¿Qué ocurrirá si la empresa deja pasivos ambientales que superen los recursos disponibles para remediarlos?

El precio del saqueo queda en los territorios

Agua Rica se proyecta sobre un territorio donde el agua, las cuencas y la biodiversidad constituyen condiciones materiales de existencia. Por eso, su desarrollo exige evaluar no solo la producción de minerales y los ingresos por exportaciones, sino también los impactos acumulativos, el manejo de residuos, la disponibilidad hídrica y las consecuencias que pueden persistir mucho después del cierre de la mina.

El problema del extractivismo es que la riqueza extraída no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para quienes habitan los territorios. La mina Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, constituye un claro ejemplo de esta asimetría: generó miles de millones de dólares en megaganancias para corporaciones extranjeras, con beneficios que se exportaron al exterior. En contraste, las comunidades locales sufrieron el consumo masivo de agua y la contaminación ambiental, mientras quedaron sumidas en el estancamiento económico y la pobreza estructural tras el cierre del yacimiento.

Este es el resultado de un modelo que no solo destruye las bases naturales de la vida, sino que también profundiza la dependencia económica. Las divisas que genera la explotación de los bienes comunes se presentan como una necesidad nacional, pero su destino está condicionado por una economía subordinada al pago de la deuda externa y a los intereses del capital financiero internacional.

El saqueo no termina cuando los minerales abandonan el territorio. Continúa cuando las divisas generadas por su explotación se destinan a sostener el pago de una deuda externa que condiciona la economía y profundiza la dependencia. Así, el país pierde sus bienes comunes, pierde la riqueza que estos generan y conserva los costos ambientales y sociales de su explotación.

Para las corporaciones quedan los negocios; para los acreedores internacionales, el cobro de la deuda; para los pueblos, territorios depredados, contaminación y pobreza. Ese es el verdadero rostro del modelo extractivista que Milei y Jalil pretenden presentar como desarrollo.

Las corporaciones pueden trasladar sus capitales y buscar nuevos yacimientos. Las poblaciones, en cambio, no pueden trasladar sus montañas, sus ríos ni sus cuencas. Si la explotación compromete esas bases materiales de existencia, los costos recaerán sobre quienes permanezcan en el territorio y sobre las generaciones futuras.