De imputado a testigo

3 junio, 2010

Los vecinos de Andalgalá denuncian las amenazas permanentes, las falsas acusaciones e injusticias a las que está sometida la población por su oposición a la megaminería

(Analia Rodriguez – Red Eco) Catamarca – La policía catamarqueña destruyó el campamento de la asamblea El Algarrobo en Andalgalá y luego arremetió contra varios militantes, allanando viviendas de manera indiscriminada. El operativo fue ordenado por el juez subrogante de esa ciudad catamarqueña, Escipión Scida, con el objetivo de detener a Alejandro Luis De las Cuevas, un activo participante de la lucha antiminera. La medida fue pedida por la fiscal Marta Graciela Nieva tras la denuncia presentada por el juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro que acusó a De las Cuevas de haberlo amenazado el 25 de mayo último cuando se encontraba en un bar.
En dicha fecha, mientras el municipio desarrollaba un festejo por el bicentenario en la plaza céntrica de Andalgalá, los vecinos que se nuclean en la asamblea El Algarrobo, se encontraban del otro lado de la plaza expresando su disconformidad con los festejos y su defensa del ambiente y el agua. Al descubrir la presencia del juez Rodolfo Cecenarro, que autorizó la represión de los vecinos el 15 de febrero, le realizaron un escrache.
Según el juez, el vecino lo amenazó a él y a su familia pero los asambleístas de Andalgalá desmienten en forma tajante esa versión y atribuyen la embestida judicial a la lucha que la asamblea local mantiene en contra del proyecto minero de Agua Rica, de la empresa Yamana Gold, que intenta radicarse en pleno corazón de los Nevados del Aconquija.
Recordemos que los vecinos solicitaron la remoción del juez Cercenarro y de la fiscal Marta Nievas por ser los responsables de la represión sobre los vecinos ocurrida el 15 de febrero y que terminó con alrededor de 300 heridos.
En ese sentido, en un comunicado dado a conocer por la asamblea, manifiestan que: “lo acontecido en estos días con la falsa amenaza que dice ser víctima el juez Cecenarro es, a todas luces, una causa armada para violentar a los andalgalenses y para desviar la atención de lo realmente importante que es, y será, la defensa del agua, del aire, del Aconquija, de la vida.
Esto último parece quedar bastante claro si tenemos en cuenta que cuando la abogada de la asamblea, se presentó ante los tribunales para pedir copia de la denuncia contra De las Cuevas, la copia le fue negada. Y poco después tuvieron conocimiento que la fiscal Marta Nieva había cambiado la carátula de imputado a testigo declarante.
Pero este accionar jurídico policial no es un hecho aislado en esta ciudad Catamarqueña, Juan Martín, vecino e integrante de la Asamblea El Algarrobo, manifestó a Red Eco que luego de lo ocurrido en febrero, Andalgalá se encuentra prácticamente militarizada. Juan relató que desde dicha fecha se ha triplicado la presencia policial a través de lo que denominan policía comunitaria que trabaja en conjunto con instituciones. “Citan a los directivos de las escuelas y lo que tratan es de poner ‘buchones’ en las mismas instituciones. Andalgalá es totalmente pacífica, no necesitamos de policía comunitaria. Tenemos de dos a tres policías armados por escuela, cuando no hay delincuencia en las escuelas. Han triplicado la cantidad de efectivos. Vemos caras de personas que no conocemos, de civil, a nuestro alrededor y esto es preocupante”.
Asimismo, desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) agregan: “Andalgalá es patrullada como si fuera una ciudad sitiada. Fuerzas especiales y para-policiales, grupos represivos provenientes de otros departamentos catamarqueños detienen a la gente y abordan a supuestos sospechosos de simpatizar con los vecinos que se reúnen en la asamblea de El Algarrobo”.
Los miembros de la asamblea señalaron como responsables de la violencia y el abuso de autoridad a la empresa minera a cargo del proyecto de Agua Rica, al juez Cecenarro, a la fiscal Marta Nieva, al intendente de Andalgalá José Perea, al gobernador de Catamarca Brizuela del Moral, a los medios de comunicación masiva, como el Ancasti y al Gobierno Nacional.
Sin embargo, para seguir con su lucha por el agua y la vida, el próximo sábado se realizará en Belén, localidad vecina y próxima a la minera La Alumbrera, la tercera reunión de la Coordinadora en defensa del territorio y los bienes comunes.

Video del escrache al juez Cercenarro