Las centrales hidroeléctricas son las responsables de generar un 27% de la electricidad consumida en Argentina. A partir de 1993, 19 de ellas, responsables de casi 6 mil megawatts de potencia, fueron concesionadas a distintas sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Lo paradójico de la situación tiene que ver con el hecho de que el financiamiento de la construcción de casi la totalidad de las mismas fue sostenido por arcas estales, pero su renta fue íntegramente usufructuada por privados.
Por Jonatan Nuñez, Martín Kazimierski, Bruno Fornillo
Las hidroeléctricas son un activo neurálgico que definen buena parte de los pilares de la seguridad energética e incluso la soberanía nacional.
Las condiciones de cambio ambiental global, el declive constante de la producción fósil, la consiguiente “electrificación” de las matrices energéticas, convierten a la energía en un recurso estratégico y un bien común que debe ser gestionado por fuerzas público-sociales bajo un parámetro que no sea el mercantil.
Justamente, su mercantilización es lo que impide la transición socioecológica, puesto que no se maneja por criterios ambientales, sociales, o de economía social. Un aspecto trascendental de las presas es que funcionan como colosales “baterías” que almacenan energía potencial, lo que viabiliza una mayor participación de las energías renovables alternativas, intermitentes por naturaleza.
Es decir, en una matriz de amplia participación solar o eólica, la generación hidroeléctrica ya no operaría bajo los criterios economicistas imperantes, sino como energía de respaldo para las renovables.
Esto implica un cambio radical en las lógicas operación, bajo nuevos parámetros que incluyen las necesidades del sistema en su conjunto, y no las de un particular, y que necesariamente deberá incorporar los diferentes usos y actores involucrados en la cuenca. Esta visión global sólo puede ser alcanzada desde una gestión pública y social.
A continuación, exploramos una serie de argumentos de índole económica, ambiental-tecnológica, político-social y proyectiva que indican una urgencia: la necesidad de desprivatizar.
