Las realizan integrantes de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura al considerar que se trata de un espacio, impulsado por el gobierno local, que no incluye a los actores que en los últimos 20 años han participado en los procesos que hacen de esa provincia un distrito libre del modelo extractivita sojero-megaminero-petrolero.
“No puede haber diálogo en un espacio que cita en su jornada inaugural, sólo a una parte, dejando al resto como simples espectadores, sin posibilidad de expresar algún concepto desde otra mirada. Un espacio deliberadamente sesgado que no respeta los pasos dados en estos años: Ley 7722, leyes de creación y/o ampliación de Áreas Naturales Protegidas, rechazo administrativo, legislativo, judicial y social de proyectos mineros, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley de Glaciares, etc.; ni reconoce que estos han sido producto de variados, diferentes e intensos procesos de participación ciudadana”, expresan desde las asambleas a través de un comunicado.
Señalan además que no es posible dialogar cuando las autoridades que deberían controlar miran para otro lado y niegan las irregularidades de proyectos mineros que violan la legislación vigente. Por el contrario, denuncian que los proyectos de desarrollo amigables con el ambiente y alternativos al modelo megaminero, planteados por las comunidades locales son sistemáticamente pisados, negados o ninguneados. A modo de ejemplo, citan: el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva 20 años sin ser tratado por la Legislatura mendocina; el Área Natural Protegida “Cerro Nevado” que tiene media sanción legislativa; y el “Parque Nacional Pehuenche”, entre otros.
“No aceptaremos en esta mesa de ‘diálogo’ intentos explícitos o implícitos de modificar o flexibilizar bajo ningún mecanismo, las protecciones ambientales obtenidas, deslegitimando el enorme esfuerzo que muchos mendocinos hemos hecho. Hacerlo, además de representar una burla a la buena fe, implicaría una violación del Principio de Progresividad establecido en la ‘Ley General del Ambiente’, por el cual, sobre espacio o bien protegido, no se pueden generar leyes o acciones que mermen o se contrapongan a esa protección ya consagrada, de acuerdo a derecho”, agregan los asambleístas.
A su vez, cierran el comunicado afirmando que no pueden dialogar cuando en épocas de crisis y ajuste se avala un proceso (la mesa) que a los mendocinos les costará la suma de 2 millones de pesos, que además no garantiza la participación real de todos los ciudadanos de la provincia.
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