Se trata del amparo presentado por un grupo de vecinos de esa localidad contra la provincia de Catamarca, el municipio y dos empresas mineras para obtener la suspensión de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación de las Minas de Agua Rica.
La titular del organismo, Alejandra Gils Carbó, consideró que en la causa se debate “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.
Además, la funcionaria opinó que la causa debía volver a la Corte de Justicia de Catamarca “a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho”, ya que el fallo anterior del máximo tribunal provincial, que no había hecho lugar a la solicitud por no cumplir con el requisito de sentencia definitiva exigido por la ley procesal local, “exhibe defectos de fundamentación” que afectan “las garantías constitucionales que se dicen vulneradas”.
Cabe recordar que en enero de 2010, un grupo de vecinos de Andalgalá presentó esta acción de amparo pidiendo la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica, yacimiento ubicado en los nevados de Aconquija, donde se encuentran varios ríos que irrigan a los territorios más bajos y que aportan el caudal para la supervivencia de Andalgalá y otros pueblos vecinos.
Allí explicaban que la utilización de esta metodología de explotación implicaba la detonación diaria de toneladas de explosivos, así como el triturado de roca, que afectaría “la calidad del aire”.
Ante la falta de respuesta y a casi cuatro años de la presentación, un grupo de habitantes de la localidad catamarqueña inició el 20 de noviembre pasado un acampe en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia, que aún se mantiene.