Lo llevan adelante integrantes de la Asamblea de la capital provincial junto a Vecinos Autoconvocados de Puerto Alegre y de El Cantadero en la entrada a la localidad de Duraznillo, para evitar el ingreso de vehículos a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que impulsa la explotación de un yacimiento en la zona.

El corte se inició el 17 de marzo pasado a la madrugada en la Ruta 38 norte, en la entrada al Duraznillo. Desde entonces no se permite el paso de vehículos de la CNEA, con el objetivo de evitar el avance de la explotación del yacimiento de uranio ubicado en las localidades de Las Cañas, Quebrada de Alipán.
Tanto la Asamblea Riojana Capital como los Vecinos Autoconvocados denuncian que con el proyecto Alipan, ubicado a 15 kilómetros de la Ciudad de La Rioja, se pretende explotar a cielo abierto en una superficie de casi mil hectáreas, abriendo en la montaña un open pit (pozo) de cuatro kilómetros de diámetro con la utilización de explosivos y sustancias tóxicas que se usarán junto al agua de las vertientes de la zona para extraer el uranio de las rocas dinamitadas.
Actualmente la provincia de La Rioja tiene 21 proyectos mineros de uranio autorizados, de los cuales once se encuentran en el Cordón Velasco: “90.000 las hectáreas que quedarían devastadas y contaminadas por la sordera de los mandatarios que nos gobiernan (…). El uranio que pretende extraerse de nuestros territorios no es para nosotros, sino para países de alto consumo que ya han cerrado convenios con el gobierno nacional como China, Corea y Rusia, entre otros”, afirman desde la Asamblea.
Además, reclaman que se lleve adelante un profundo debate sobre la matriz energética y la implementación de políticas públicas en energías alternativas que puedan suplantar las plantas nucleares que son peligrosas y contaminantes: “no queremos que la radiactividad nos enferme de cáncer y que nuestros nietos nazcan malformados o con retraso mental como podemos ver en provincias hermanas donde ya se explotó este mineral”, agregan.
A un mes de bloqueo, la asamblea y los vecinos autoconvocados responsabilizan por esta situación al gobierno nacional, al que le exigen que anule el plan nuclear y retire a la CNEA y a las multinacionales que exploran sus territorios; al gobierno provincial por autorizar este proyecto y desobedecer la voluntad de un pueblo que ya se ha expresado masivamente contra la mega minería; al gobierno municipal de la capital provincial, al que le reclaman que realice la clausura efectiva y no simbólica de la ordenanza 4930 que declara a este municipio un departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable.