Vecinos y vecinas del barrio Los Sauces de la ciudad de Cipolletti realizaron la segunda declaración para reclamar por el legítimo derecho al acceso a agua potable. “Usurpadores” fue la respuesta que les negó la justicia por una canilla de 2,5 pulgadas cuando intentaron un recurso de amparo.

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En el mes de diciembre, habiendo agotado las demás instancias administrativas en diferentes niveles del Estado, Aguas Rionegrinas (Arsa), Departamento Provincial de Aguas (DPA) etc., vecinos y vecinas de Los Sauces presentaron un recurso de amparo que tenía como objetivo lograr que ARSA y DPA elaboren e implementen un plan de conexión a la red de agua potable en el barrio, en forma adecuada, regular y técnicamente idónea, a los fines de lograr la provisión de agua potable para las 67 familias y que, como medida cautelar, tomen medidas urgentes que les aseguren el acceso al agua potable.
La justicia se tomó casi dos meses para informarles que por su condición de “usurpadores” y por carecer de un título de propiedad de las tierras no podían tomar agua, limpiar los alimentos para cocinar, bañase, vivir. Lo que le propusieron fue que cada uno solucione su acceso al agua.
De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al agua implica el derecho de todos y todas a disponer de agua: suficiente, salubre, aceptable y accesible, para el uso personal y doméstico. La Constitución de nuestro país adhiere no solo a este Pacto sino que también a los siguientes tratados internacionales en los que se contempla el derecho al agua como un derecho humano: la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Por todo esto los vecinos denuncian al Juez Alejandro Cabral y Vedia, que al momento de atender el reclamo de asentamientos en relación al cumplimiento de los derechos (que son sistemáticamente violados por el estado) responde haciendo caso omiso a todo tipo de pretensión desprotegiendo, hostigando y criminalizando a todos los asentamientos, cuyas causas se inician y se consuman en el Juzgado Civil N°1 a su cargo. Exigen su apartamiento de las causas de los asentamientos y  repudian el ascenso de la funcionaria del ARSA Raquel Morales como Directora del DPA.

Fuente:  Puerta E