Está constituida por numerosos Premios Nobel Alternativos de todo el mundo, el Premio Nobel de la Paz de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, autoridades y miembros de comunidades universitarias, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Córdoba y el resto del país. El objetivo es lograr una resolución que garantice los derechos del conflicto generado por el intento de la multinacional Monsanto de instalar una planta en la zona.
En ese sentido, la primera actividad de la Comisión fue solicitar una audiencia al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y por su intermedio a las autoridades de los organismos involucrados ; es decir la Secretaría de Ambiente de la provincia, el intendente de Malvinas Argentinas, Fiscalías y Juzgados del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia; para exhortarlos a extremar esfuerzos para enmarcar y resolver el conflicto.
Allí lo señalan: “sabemos que los procedimientos relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental de dicha planta han sido cuestionados mediante peticiones ciudadanas, acciones administrativas y acciones judiciales, y que las mismas aún no fueron resueltas por los organismos gubernamentales correspondientes. Conocemos asimismo que nunca se concretaron Audiencias Públicas de consulta, y que las autoridades de la Municipalidad de Malvinas Argentina rechazan la realización de una consulta popular, pese a haber sido reiteradamente solicitada por los vecinos a fin de que sea la propia ciudadanía la que decida. No es objeto de la presente analizar cada una de esas instancias públicas, administrativas y judiciales, sino considerar que tales cuestionamientos, oportunamente fundados, han puesto en cuestión la legalidad y legitimidad de las decisiones gubernamentales. Tratándose de decisiones que pueden afectar tanto la salud de los vecinos de la ciudad de Malvinas Argentinas y lugares próximos, como impactar negativamente sobre el ambiente, reducir la biodiversidad y profundizar modelos extractivos inadecuadamente debatidos con la sociedad, la situación exige una resolución institucional que garantice los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, y en Tratados de rango supraconstitucional que el Estado argentino ha suscripto y ratificado”.
En la nota también hacen referencia a la represión policial sufrida, a fines de setiembre, por los vecinos e integrantes de la Asamblea "Malvinas lucha por la vida" que realizan un bloqueo en la ruta para evitar el avance en la construcción de la planta.
En este sentido, exhortaron “a las autoridades democráticas de los organismos involucrados a extremar los esfuerzos para enmarcar y resolver el conflicto cumpliendo a rajatabla la normativa provincial y nacional, y evitar la violencia represiva del estado y el uso de la violencia entre ciudadanos”.
Finalmente explican que la conformación de la Comisión será para “observar permanentemente las acciones –privadas y estatales- con el objetivo de fortalecer el principio de respeto a los Derechos Humanos, así como registrar posibles transgresiones a los derechos y, llegado el caso, levantar las quejas y las denuncias correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional”.
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