“Todo el acuerdo es secreto, nadie lo conoce, no está publicado en ningún lado, ni en el Boletín Oficial ni en ninguna página web”, afirmó Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista en el programa Los Locos de Buenos Aires.
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El diario New York Times (NYT) publicó hace unos días un artículo en el que detalla varias de las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron. Algunas ya habían trascendido pero lo que agrega como novedad es que una de ellas dice que si Chevron se retira va a seguir cobrando los beneficios de los pozos por todo el tiempo que duren en producción.
“Causaron mucha sorpresa los dichos de (Miguel) Galuccio que afirmó haber dicho en una conferencia de prensa que sí dijeron cosas del acuerdo. Pero nunca lo mostraron. Por eso van trascendiendo cosas y cada vez que trasciende algo es más escandaloso que lo anterior”, dijo Viale.
El presidente de YPF no desmintió nada de lo que publicó el NYT sino que intentó justificar que no era secreto lo que sí lo es. Tan secreto es que ni los propios legisladores neuquinos que votaron este acuerdo, con la represión en la calle a quienes se manifestaban en contra de su aprobación, tampoco lo conocieron. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, provincia donde está Vaca Muerta, admitió que tampoco lo conocía.
Recordemos que lo que ha transcendido, y no está desmentido, es que cualquier disputa entre YPF y Chevron se definirá con leyes extranjeras (norteamericanas) en tribunales extranjeros (Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia) y un fondo que YPF tiene que depositará en un banco de Estados Unidos de 100 millones de dólares como garantía para que Chevron pueda cobrar futuras utilidades.
Cuando se “re-nacionalizó” el 51 por ciento del paquete accionario de YPF, desde la Asociación –al igual que muchos otros sectores- manifestaron su crítica a la forma jurídica que se adoptaba, la de un Sociedad Anónima en lugar de Sociedad del Estado. Una de las consecuencias es que se argumenta que es un acuerdo entre privados y por lo tanto se eluden controles públicos. Sin embargo, se han presentado amparos judiciales hechos por diputados y senadores nacionales para intentar acceder al acuerdo y evitar que este esquema se repita con la firma de otros acuerdos entre YPF y otras petroleras.
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