Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El recurso había sido presentado por comunidades aborígenes de Chubut en noviembre pasado, y solicitaba la suspensión de 68 de los 135 proyectos megamineros “con miras a su cierre definitivo”.
La abogada Silvia de Los Santos, representante de Marcelino Pintihueque, quien integra la comunidad Comarca Chubut, había explicado al presentar el recurso que su objetivo es que “el poder ejecutivo y el poder legislativo hagan efectivas las normas que reconocen derechos colectivos e individuales al mundo indígena”.
En este sentido, la medida cautelar se fundamenta en el derecho internacional indígena. Por ejemplo, en el artículo 169 de la OIT se establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
El amparo solicita que se suspendan 68 de los 135 proyectos megamineros “con miras a su cierre definitivo”. El propio Ministerio de Medio Ambiente provincial reconoce que su habilitación ambiental se encuentra vencida. Al respecto, De los Santos denuncia que estos proyectos son clandestinos y que debe quedar demostrado que el Estado no controla, sino que por el contrario permite que se hagan actividades de exploración o prospección sin tener habilitación vigente.
Además, el código ambiental de la provincia establece que debe realizarse una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), algo que no ocurre. De hecho, entre los diversos fallos con jurisprudencia que se citaron en el amparo se menciona el conocido “caso Esquel”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que “toda actividad que pueda generar un impacto en el ambiente debe tener previamente aprobada una EIA”. A su vez, estas evaluaciones deben someterse a audiencias públicas. Nada de esto se respeta, algo que las comunidades esperan que empiece a cambiar a partir del recurso presentado.
Fuente: Puerta E