Los traslados hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron en pleno fin de semana largo. Se hicieron sin notificación previa a familiares, defensores, jueces y organismos de control. Los gobiernos de CABA y de la Nación incumplieron los compromisos que habían asumido para que este proceso cuente con todas las garantías necesarias. Por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Continúan los traslados desde la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz sin ninguna protección judicial y sin la intervención de los mecanismos de control. Desde el domingo ya llegaron más de 900 personas detenidas. Las autoridades penitenciarias decidieron iniciar los procedimientos de manera imprevista, durante un fin de semana largo, sin avisarle a los internos, a sus familias, a defensores oficiales y jueces, como establecen los protocolos. Los traslados apuntan a vaciar rápidamente Devoto para que el predio quede disponible para proyectos inmobiliarios que ya anunciaron.

Los traslados de personas privadas de libertad requieren una serie de procedimientos muy precisos para que no se vulneren sus derechos y que sus condiciones de reclusión no empeoren: deben ser controlados y monitoreados y las personas detenidas, sus abogados, jueces y su entorno deben saber con precisión cuándo, cómo y hacia dónde se realizan. Si eso no se cumple, los traslados no se pueden llevar adelante.

Los gobiernos de la Ciudad y de la Nación incumplieron los compromisos que habían asumido en las conversaciones previas. Aceleraron los plazos y no se aseguraron que las instalaciones del nuevo penal en Marcos Paz estuvieran listas para recibir a las personas detenidas, garantizando camas y comida. En la previa se había acordado que los estudiantes del Centro Universitario de Devoto serían trasladados al penal Ezeiza, donde podrían continuar sus estudios. Esto tampoco se cumplió: se los llevaron a Marcos Paz, donde no hay instalaciones preparadas para cursar. Las personas que todavía están en Devoto, no pueden recibir visitas. Además, el antiguo predio quedó con menos personal penitenciario, con poca infraestructura, sin visitas y sin actividades recreativas, laborales y educativas.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que debía hacer el seguimiento y control del traslado, no pudo entrar a Devoto ni a Marcos Paz. Tampoco le permitieron a la PPN y al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura hacer el monitoreo en el nuevo penal.

Ante estos problemas, la PPN presentó un habeas corpus, que acompañamos desde el CELS, pero el juez rechazó el pedido y argumentó que el traslado no afecta los derechos de los detenidos y, sin hacer ninguna visita ni monitoreo, dijo que no se agravaban las condiciones de detención. Así, las personas detenidas quedaron sin ninguna protección judicial.

También nos presentamos como amicus curiae en el habeas corpus de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFaD), por la situación de los familiares, a quienes además de no darles información, les suspendieron las visitas y aún no se reanudaron. Eso implica que a los detenidos no les llega la comida que les envían las familias ni los elementos de higiene. Las ropas y el resto de sus pertenencias todavía no se las entregaron.

En todo este proceso se hicieron presentaciones en distintos habeas corpus ya existentes. Fueron en los juzgados de Daniel Rafecas, de María Servini y de Sebastián Casanello, por cupo y condiciones de detención en Devoto, para que se constaten los lugares de estudio de los estudiantes universitarios y sobre la situación de las obras en Marcos Paz. Por todos ellos había medidas pendientes que no fueron contempladas al acelerar el traspaso.

Por otro lado, mientras se realizan estos traslados, en las comisaría de la Ciudad de Buenos Aires hay alojadas cerca de 2.200 personas en condiciones inhumanas, que no fueron contempladas en todo este proceso. Se prioriza el desarrollo inmobiliario a cumplir con liberar las comisarías, que no pueden ser espacios de encierro permanente.

La mejora de la infraestructura penitenciaria es un avance. Sin embargo, el hermetismo con el que se realizaron los traslados, que se justificó en nombre de la seguridad, vulnera el derecho de las personas privadas de su libertad y de sus familias.