Este miércoles 30 de septiembre, la Policía Federal allanó los domicilios de dos militantes de Izquierda Socialista en Rosario. Uno de ellos es Mariano Soria, dirigente de esa organización e integrante de la Asamblea Acción por Palestina. Desde organizaciones políticas y de derechos humanos denunciaron que los procedimientos forman parte de una escalada de persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y cuestionan las políticas del Estado de Israel. El caso se suma a otros antecedentes recientes, entre ellos el procesamiento de la dirigente Vanina Biasi y el allanamiento y detención del jubilado Daniel Vera. Por ANRed.

Por orden de la Justicia, efectivos de la Policía Federal llegaron este miércoles a los domicilios de dos militantes de Izquierda Socialista de Rosario. Según informó la organización, durante los procedimientos se buscó secuestrar material político, entre ellos folletos, revistas, computadoras y teléfonos celulares, con el objetivo de “recabar pruebas” en una investigación en la que se pretende atribuir a los militantes una conducta “antisemita”.

Uno de los allanados es Mariano Soria, dirigente de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda en Rosario. La otra persona es una militante de la misma organización y vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Educación Olga Cossettini.

Izquierda Socialista denunció que el procedimiento constituye una persecución política contra quienes participan de la solidaridad con Palestina. La organización recordó que históricamente sostiene una posición de apoyo a la causa palestina y que durante 2025 y 2026 integrantes de su espacio participaron de la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“Condenar al sionismo no es antisemitismo”, sostuvo la organización en su comunicado de repudio.

De la denuncia pública al allanamiento
El episodio de Rosario no aparece aislado. Durante los últimos años, distintas personas y organizaciones que cuestionan las políticas del Estado de Israel y denuncian el genocidio en Gaza han enfrentado denuncias, investigaciones judiciales, pedidos de sanciones y acusaciones de antisemitismo.

Uno de los casos más notorios es el de Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero y legisladora porteña electa por el Frente de Izquierda. Biasi fue denunciada judicialmente a partir de declaraciones y publicaciones en las que cuestionó las acciones del Estado de Israel en Gaza y comparó determinadas políticas con el nazismo.

La causa contó con la intervención del fiscal Carlos Stornelli y posteriormente del fiscal Eduardo Taiano. En 2025, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Biasi por el delito de incitación a la discriminación y dejó firme un embargo de diez millones de pesos, según informó la propia DAIA.

Desde el Partido Obrero denunciaron que el proceso busca judicializar las expresiones de quienes denuncian el genocidio contra el pueblo palestino. En octubre de 2024, durante su declaración indagatoria, Biasi sostuvo que la causa pretendía “poner una mordaza” a quienes denuncian la situación en Palestina y afirmó que “antisionismo no es antisemitismo”.

La propia DAIA, por su parte, sostiene una posición diferente: presentó las expresiones de Biasi como incitación a la discriminación y su informe sobre antisemitismo de 2024 incluyó declaraciones de la dirigente dentro de los casos que registró como expresiones antisemitas.

El caso del jubilado Vera
Otro antecedente es el de Daniel Vera, un jubilado chaqueño que fue detenido en julio de 2025 después de un allanamiento ordenado en el marco de una investigación por publicaciones realizadas en redes sociales.

Según relató el propio Vera, la investigación comenzó a partir de publicaciones que había realizado en un grupo de Facebook denominado “Por Palestina”. Posteriormente, la Policía de la Ciudad centró la investigación en su perfil de Facebook, donde también publicaba contenidos políticos y críticas al gobierno de Javier Milei. El 2 de julio de 2025 fue allanado su domicilio y detenido. Al día siguiente también fue allanado su lugar de trabajo.

Vera fue procesado por coacción agravada por incitación al odio contra una minoría. Su caso generó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos y abrió un fuerte debate sobre el denominado ciberpatrullaje y la utilización de publicaciones en redes sociales como punto de partida de investigaciones penales.

En su propio relato, el jubilado señaló que la investigación sobre sus publicaciones a favor de Palestina había sido el punto de partida para avanzar sobre el conjunto de sus opiniones políticas.

Así, un patrón comienza a hacerse visible: publicaciones en redes, actividades de solidaridad con Palestina, denuncias públicas contra Israel y expresiones políticas terminan incorporándose a expedientes judiciales.

Rosario: organismos de derechos humanos repudiaron los operativos
Tras conocerse los allanamientos, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario expresó su repudio y manifestó su solidaridad con los dos militantes.

“Desde la mesa de Organismos de DDHH de Rosario repudiamos los allanamientos realizados por la Policía Federal a dos compañerxs militantes de la Izquierda Socialista que forman parte de la Asamblea de Acción por Palestina”, señalaron.

El organismo denunció un “avasallamiento” de derechos y garantías constitucionales y manifestó su acompañamiento a quienes trabajan para visibilizar la situación palestina.

También se pronunció la Asamblea Acción por Palestina de Rosario, espacio del que forman parte los militantes allanados. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) informó que estaba tomando intervención en el caso.

Desde Izquierda Socialista llamaron a construir “la más amplia unidad” para enfrentar lo que consideran una persecución contra quienes luchan por Palestina.

Una red de denuncias
Los pronunciamientos de este miércoles se suman a una serie de organizaciones y dirigentes que durante los últimos años denunciaron la utilización de acusaciones de antisemitismo contra personas que realizan críticas al Estado de Israel.

En 2023, el Partido Obrero ya había denunciado una campaña de la DAIA contra dirigentes y estudiantes que participaban de actividades de solidaridad con Palestina en ámbitos universitarios. En aquel momento, el partido mencionó las denuncias contra Biasi, Gabriel Solano y Néstor Pitrola y cuestionó la equiparación entre antisionismo y antisemitismo.

Biasi volvió a denunciar públicamente esa situación en 2025, cuando sostuvo que las acusaciones de antisemitismo contra quienes denuncian el genocidio en Gaza constituían una forma de persecución política.

El debate tiene además una dimensión internacional: organizaciones judías y sectores vinculados al Estado de Israel sostienen que determinadas expresiones antisionistas pueden reproducir prejuicios antijudíos o constituir antisemitismo, mientras organizaciones propalestinas y sectores de izquierda sostienen que la crítica al sionismo y a las políticas del Estado de Israel no puede ser equiparada automáticamente con el odio hacia las personas judías.

Es precisamente en ese terreno donde se ubican las causas contra Biasi, el expediente contra Vera y ahora los allanamientos de Rosario.

“No nos van a callar”
Este miércoles, mientras los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas repudiaban los operativos, en Rosario se convocó a una conferencia de prensa en el Centro Cultural La Toma, en el marco de la proyección del documental La Gran Palestina.

La respuesta de las organizaciones fue política: denunciar los allanamientos, reclamar el respeto de las garantías constitucionales y sostener las actividades de solidaridad con Palestina.

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario cerró su pronunciamiento con una consigna: “Basta de perseguir a las y los que luchan”.

Desde Izquierda Socialista fueron todavía más explícitos: “No nos van a callar ni amedrentar”.