A través de un comunicado, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut dio a conocer su rechazo a la decisión de los jueces César Zaratiegui, Alejandro De Franco y Adrián Barrios de la Cámara Penal de Trelew de confirmar las condenas a seis vecinos por ejercer su derecho a la protesta social amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional (libertad de expresión y petición). Compartimos la declaración.
Cronología de la traición y la lucha popular
El Gobernador Mariano Arcioni, electo en 2015 luego de una fuerte campaña contra la megaminería, rompió el pacto social al impulsar la zonificación minera en 2019, traicionando la voluntad popular. Ante esto, el pueblo recurrió a la iniciativa popular (art. 263 Constitución de Chubut) en 2020, que fue ninguneada por los legisladores provinciales; acto seguido, aprobaron la zonificación minera. Esto desató la masiva manifestación social que se desarrolló del 15 al 21 de diciembre de 2021 en Rawson y en distintos puntos de la Provincia, donde gran parte de la ciudadanía se manifestó en defensa del agua y los bienes comunes logrando la derogación de la infame ley.
Proceso judicial persecutorio
En primera instancia (abril 2025), la jueza Eve Ponce – recusada por las defensas por presunta parcialidad – y el juez Javier Allende declararon culpables a Lucas Espinoza, Lourdes Molina Leguiza, Damián Díaz, Nicolás Díaz y Gastón Velásquez por los delitos de daño agravado y hurto; y a Mauricio Naum Vargas por incendio y hurto, imponiendo penas de hasta 4 años de prisión. Absolvieron a Lautaro Martínez (quien tomó una drástica decisión sobre su vida y no llegó a saber de su absolución) y Brian Díaz por falta de pruebas.
En revisión ante la Cámara Penal de Trelew (18 de diciembre de 2025), los jueces César Zaratiegui (Presidente), Alejandro De Franco y Adrián Barrios rechazaron todos los recursos de nulidad presentados por las defensas y convalidaron íntegramente las condenas de primera instancia; ordenando la detención inmediata de Damián Díaz (pena de 1 año y 8 meses) y Mauricio Naum Vargas (4 años de prisión), órdenes que fueron ejecutadas esa misma jornada.
Pese a aquella victoria colectiva por el agua y el ambiente que benefició a toda la provincia, seis vecinos fueron condenados por defender derechos fundamentales, en una criminalización sistemática que involucra a los tres poderes del Estado y evidencia parcialidad judicial en contextos de alta conflictividad social.
Exigimos al Superior Tribunal de Justicia la inmediata anulación de esta resolución persecutoria
Exigimos también el reconocimiento absoluto a la decisión de un pueblo que no otorga licencia social a la megaminería
LUCHAR EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS NO ES DELITO
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