Luego de renunciar a seguir siendo defendidos por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales –por el sumario que coaccionaba la actuación de sus representantes legales– las expresiones del presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Zelaya, reafirman la duda de los campesinos paraguayos acusados por la masacre de Curuguaty ante un proceso repleto de irregularidades y que se encamina a una condena dictada antes del inicio mismo del juzgamiento.

(E’a) Paraguay – El tribunal otorgó menos de una semana de tiempo a la nueva defensa para estudiar el expediente.
El juez Zelaya, ante el pedido de más tiempo del nuevo abogado que representa a los acusados, Víctor Azuaga, otorgó solo un plazo de tres días alegando que la ciudadanía y la prensa piden por el veredicto, poniendo de esa forma en duda su independencia y admitiendo la existencia de presiones en torno al caso para condenar a los campesinos.
Néstor Castro, uno de los acusados, explicó que la renuncia a sus anteriores abogados fue debido a que no podían enfrentar un juicio con una defensa atada de manos y bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o cancelación de la matrícula. Asimismo, señaló que la decisión fue motivada porque está en juego la libertad y el bienestar de sus familias.
El abogado Azuaga expresó que el tiempo concedido por el tribunal es insuficiente para estudiar un caso tan complejo y anunció que también recusaría al juez Zelaya por haber preopinado en la causa.
Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.
Observadores internacionales piden nulidad del proceso contra campesinos
Los observadores internacionales del caso Curuguaty, el abogado argentino Rodolfo Yanzón y el sociólogo alemán Robert Grosse, ambos expertos en derechos humanos, forman parte de la campaña Somos Observadores en exigencia de trasparencia, publicidad, garantías procesales para el juicio.
Yanzón y Grosse hicieron hincapié en la necesidad de revisión absoluta del proceso judicial llevado hasta el momento en tanto este no ha cumplido la más mínimas normas de una debida investigación, por una parte, ni ha habido leal cumplimiento del debido proceso en lo estrictamente jurídico. Indicaron además que la situación de coacción que sufre la defensa técnica de los acusados repercute en la credibilidad del proceso y en la credibilidad de sus resultados, puesto que los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro deberán actuar en el juicio con un sumario a cuestas por supuestamente dilatar el proceso ante las objeciones contra las arbitrariedades cometidas contra los campesinos acusados.
Yanzón recomendó anular este proceso para iniciar otro que ofrezca garantías de búsqueda de verdad y justicia. Grosse, por su parte, pidió que el papa Francisco haga un llamamiento a las autoridades a tomar en serio el caso y recuperen las tierras públicas que siguen en poder de Campos Morombí. Así también solicitó la inmediata libertad de los acusados, pues de la manera en que se ha llevado el proceso no es creíble ni sustentable la acusación de la fiscalía.
La comisión observadora también sostuvo reuniones con los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y eclesiásticas, así como con personalidades de la Iglesia Católica y con referentes de la Articulación por Curuguaty.