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La USAID, agencia de cooperación internacional de EE.UU, elaboró un manual de más de 300 hojas en las que detalla no sólo los cambios normativos que la ex república soviética debía hacer en aspectos económicos, ambientales  y fiscales para minimizar impactos y  asegurar rentabilidad para esta actividad, sino también estrategias y mecanismos para gestionar el conflicto social. Publicamos este último aspecto de un informe del Observatorio Petróleo Sur.
 (Observatorio Petróleo Sur OPSur)  Ucracia/EEUU – El gobierno de Ucrania fue asesorado por la agencia de cooperación internacional de EE.UU. -USAID- para el desarrollo masivo de yacimientos de shale gas en su territorio.  Este organismo, junto a otros, integra el Programa para el Compromiso Técnico en Gas no convencional (UGTEP) del Departamento de Estado norteamericano; brazo ejecutor de la política exterior en la materia.
En más de 300 hojas el organismo detalla los cambios normativos que la ex república soviética debía hacer, tanto en materia ambiental como de celebración y ejecución de contratos  del sector a fin de minimizar los impactos propios de la industria y asegurar la rentabilidad de la explotación.
Pero, lo más notorio, es que el estudio no sólo contempla un nuevo marco regulatorio económico, ambiental y fiscal, sino también estrategias y mecanismos para gestionar el conflicto social. El Manual de Operaciones de la USAID, en definitiva, explicita bajo qué marco normativo estatal esperan EE.UU. y las empresas desarrollar los no convencionales y cómo obtener la mentada licencia social.
Días después de haber presentado el informe al gobierno ucraniano, éste firmó con Shell y Chevron contratos de exploración. Lejos de ser la excepción, el país cumple la regla de una diversidad de países donde los no convencionales avanzan de la mano de trasnacionales y bajo argumentos de ‘seguridad energética’. En el caso de Europa, su alta dependencia del gas ruso provocó una ola exploratoria en Lituania, Polonia, Rumania y Bulgaria. Este último ha prohibido el fracking a comienzos del año pasado, marcando un futuro distinto para la región.

Genere confianza pública, contenga y gestione a la red de actores
Como se decía en el principio, otro de los objetivos del reporte era coordinar con actores relacionados directamente con la actividad, a fin de generar los puentes y lazos que pudieran garantizar trasparencia en el control ambiental, el entendimiento y la aceptación del shale por parte de la población y, de esta forma, cambiar la tendencia actual. Ya que según apunta, la confianza pública en “la habilidad del gobierno y la industria para desarrollar shale gas de una forma ambientalmente sustentable y en beneficio del pueblo de Ucrania se encuentra en un estado crítico”. Nota que una rápida revisión de la cobertura mediática del tema en Europa da cuenta de la extendida desconfianza que existe sobre la industria y los gobiernos.
El reporte detalla en numerosas páginas los diferentes tipos de actividades a desarrollar con gobiernos locales, pobladores (propietarios de tierras y comunidad en general) y ONGs. “La experiencia en EE.UU. en el desarrollo de gas no convencional ha indicado que una temprana articulación con estos grupos es importante para facilitar el desarrollo y beneficiar a la comunidad”.
La elección de los actores no es arbitraria, si bien hipotética como lo menciona el reporte, ya que se basa en la experiencia de EE.UU., en cuanto a las modalidades de resistencia social que generó la instalación de la industria. Las afectaciones locales son de primer orden y de prioritaria minimización.
Como establece el manual, estas pueden dividirse en transporte, impactos ambientales, sociales y económicos  e inconvenientes en gobiernos locales por planta estatal y servicios públicos.
Para ello, a través de guías y talleres, se busca una apertura de los ámbitos públicos a las inquietudes y la institucionalización de la participación ciudadana en el proceso de confección y ejecución del marco regulatorio, en conjunto con la industria. Un diálogo entre las partes que tienda a la resolución de conflictos de forma ordenada, de acuerdo a las pautas que establezcan el MENR y otros organismos gubernamentales especialmente referidos a lo local.
Con respecto a la divulgación y formación del público el reporte despliega un abanico de estrategias: material bibliográfico, introducción del tema en la currícula escolar, campañas mediáticas, páginas webs, charlas, elaboración de informes científicos, etc. Otro de los puntos que plantea es asegurar que la industria adhiera a una serie de principios operativos donde se minimizan los riesgos y protege el ambiente, y esta deba dar a publicidad informes ambientales regularmente.
Como actividad a corto plazo, se recomienda la intervención de una ONG que lleve adelante una campaña para informar y recabar opiniones del público. También la realización de talleres -convocados por la USAID, la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, el Ministerio de Energía del país, compañías internacionales, la ONG Environment-People-Law y el Precarpathian Law Institute (Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Lviv, de una zona comprendida por las áreas potenciales)- que deberían buscar la participación de ONGs y la población. Asimismo, una ONG ambiental debería preparar una guía de participación ciudadana y de otras organizaciones, a fin de entender qué rol les cabe en los procesos de decisión y protección ambiental, con el objetivo de asegurar mecanismos para incorporar las propuestas en el marco regulatorio. A largo plazo, plantea desarrollar una estrategia de nacionalización de las actividades desarrolladas localmente.
La asesoría y las recomendaciones ayudarían a las autoridades ucranianas a lograr dos objetivos: uno, la confianza sobre la seguridad ambiental de la tecnología empleada; y, dos, afrontar la desconfianza en la capacidad regulatoria del gobierno –tanto por cuestiones técnicas como de voluntad política.
El manual pone especial énfasis en los pobladores rurales, destaca que tras la disolución de la Unión Soviética el proceso de compra individual de tierras se ha realizado paulatinamente, si bien quedan aún muchos propietarios sin título. En este sentido, y a fin de “minimizar la alteración de la población local durante el desarrollo del shale gas, el Código de Tierras y la ley de Necesidad Pública deberán ser reformadas para proteger tanto a los propietarios como a aquellos que no tienen un claro título legal a las tierras”, de forma que permita la compra directa de tierras o acuerdos de uso superficiario (arrendamiento) a precio de mercado por parte del Estado y el ordenamiento y acreditación de títulos a quienes no lo posean.
Más allá de la población, otro tema abordado por el reporte son los gobiernos locales. El informe detalla no sólo los problemas ambientales a los que se verían expuestos -con los consiguientes inconvenientes sobre la capacidad de ejercer el poder de policía10- sino también impactos en empleo, incremento de la población y aumento del delito (2012a: 100).
Con respecto al primer punto, el reporte detalla que por cada empleo que genera la industria, se adicionan 2,7 por fuera de ella. El mayor inconveniente, subraya el estudio, es que la demanda es alta en la etapa de construcción y desarrollo, pero cuando el yacimiento está en producción, cae.
Con respecto al segundo, y fuertemente vinculando al punto anterior, de desarrollarse masivamente el shale gas habría un incremento considerable de la población, que incrementaría la demanda de escuelas, viviendas y otros servicios públicos, que el gobierno local tendría que afrontar11.
Por último, menciona que en EE.UU. hubo un correlato entre el avance de la industria y el crimen, por lo que el gobierno nacional tendría que establecer esfuerzos adicionales en aumentar las capacidades de las prisiones y el cuerpo policial.
Otros puntos también suscitaron interés por parte de los consultores con respecto a los gobiernos locales. “La tensión entre los deseos de los gobiernos locales queriendo alguna capacidad de regulación sobre el desarrollo de shale gas y las certezas requeridas por el gobierno central y los inversores se encuentra en casi todos los países productores de petróleo y gas” .
Como se ha mencionado, las modificaciones en los contratos PSA han reducido el rol de las entidades subnacionales al centralizar la decisión en el Gabinete de Ministerios nacionales, hecho festejado por USAID. Esto simplifica las gestiones pero genera preocupaciones por la tensión a la que se hacía referencia más arriba. A fin de reducir las fricciones naturales con los gobiernos locales, el equipo propuso una serie de cambios que apuntalen la participación y ganancia de estos actores, buscando asegurar que parte de la renta generada permanezca en las localidades.
En este sentido, como primer punto, el Estado debería expandir las oportunidades legales para la participación de los gobiernos locales en la transferencia de tierra pública para uso minero, como también la posibilidad de participar en la creación y negociación de PSA’s en sus localidades; tanto en materia ambiental como regulatoria general. Por otro lado, la cuestión es qué beneficios concretos traerá el desarrollo de shale a las regiones, frente a un aumento sideral en materia de costos y responsabilidades, y sin mecanismos claros de transferencias de recursos desde el Estado nacional. Una vía contemplada es la firma de acuerdos de carácter social entre la empresa y el gobierno, como “compensación a las comunidades por daños territoriales en efectos adversos, uso de tierra, recursos naturales, transporte e infraestructura”. Otra vía es cobrar impuestos específicos a “los beneficiarios de la PSA antes que estos sean subsidiados por la población local mediante una disminución en la calidad ambiental o la reducción de otros servicios”. La contribución del inversor a fines específicos en el presupuesto local podría ser otra vía, con el consiguiente informe de ejecución; y se remarca que las “inversiones en las comunidades locales podrían minimizar la posibilidad de protestas sociales”. Como última posibilidad, se plantea trasferir a los gobiernos locales una porción de las regalías cobradas por parte el gobierno central por el uso de recursos no renovables. “Permitir a gobiernos locales obtener una renta neta de la extracción de minerales en su región podría ayudar a que estos se sientan partícipes de los PSA y podría aliviar, al menos un poco, la resistencia política”.
Foto: toyadvaark.wordpress.com –  Nota completa AQUÍ