El asesinato de 34 mineros pone en entredicho el consenso generado por el Congreso Nacional Africano y pone de relieve la desigualdad en el país.
(Aurora M. Alcojor – Diagonal) Sudáfrica – El asesinato, el 17 de agosto, de 34 mineros sudafricanos por disparos de la policía en la mina de platino de Marikana, a unos cien kilómetros de Johannesburgo, ha dejado al descubierto la profunda división social que vive Sudáfrica, que va mucho más allá de la violencia policial y los conflictos laborales.
Las protestas en el sector minero han sido frecuentes durante todo el año –ya en enero otras tres personas murieron en enfrentamientos, también en una mina de platino–, debido a las lamentables condiciones de vida de estos trabajadores, que cobran un salario aproximado de unos 350 euros al mes, y a la incapacidad delGobierno para mejorar la vida de los ciudadanos más pobres.
La actuación de la policía ante los mineros encendió la mecha y la situación terminó de explotar cuando la Fiscalía pretendió imputar a los compañeros de los fallecidos el cargo de asesinato, valiéndose de una ley anterior a la instauración de la democracia.
Cumplidos 25 años del fin del Apartheid, la precaria situación de buena parte de la población y las imágenes de la matanza de Marikana se asemejan demasiado a situaciones ya vividas en tiempos de la dictadura, lo que supone un duro golpe para el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), –el partido de Mandela, liderado ahora por Jacob Zuma– y su gran apoyo, el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu), el todopoderoso y principal sindicato del país. Son precisamente estos dos estamentos los que más perjudicados pueden salir si no gestionan bien la situación, pues se enfrentan a una grave crisis de legitimidad y pérdida de confianza por parte de sus tradicionales votantes y afiliados, quienes consideran que no han hecho lo suficiente para cambiar el estado de las cosas.
No se trata sólo de desilusión. Los medios de comunicación han comenzado a hablar abiertamente de las prebendas que disfrutan los antaño líderes antiapartheid, y en el terreno sindical los dirigentes de Cosatu han visto emerger una nueva organización, la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), más radical en sus demandas y que pone en peligro sus décadas de hegemonía. Lo que la población demanda es una verdadera redistribución de las riquezas del país. Porque, a pesar de las tasas de crecimiento económico de los últimos años, millones de sudafricanos no han visto mejorar un ápice su nivel de vida: el desempleo entre los jóvenes negros es de un 50,5%, y en muchos de los townships (barriadas situadas a las afueras de las ciudades) la situación es inaceptable: a la falta de higiene, agua potable y servicios básicos como luz o recogida de basuras se añade la superpoblación de estas zonas, que diariamente reciben decenas de inmigrantes llegados desde Zimbabwe, Mozambique, Lesotho o Swazilandia.
Frente a ello, florece una pequeña pero bien instalada clase política y económica que campa a sus anchas por las altas instancias. Es lo que algunos han llamado el “triángulo de hierro” del poder, compuesto por el CNA, la industria y Cosatu. El sindicato, con más de dos millones de afiliados, atrae votos para el partido; éste ofrece cargos y puestos de alta responsabilidad a sus dirigentes, y la industria enriquece a cualquiera que pueda pagarle con condiciones ventajosas a la hora de hacer negocios.
Un ejemplo claro, convertido en blanco fácil, es el de Cyril Ramaphosa. En 1987, Ramaphosa, por entonces secretario general del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, según sus siglas en inglés) lideró una exitosa huelga de 360.000 personas contra las malas condiciones de los trabajadores. Hoy forma parte del Comité Nacional Ejecutivo del partido y es miembro de Consejo de Administración de Lonmin PLC, precisamente la empresa en la que se han producido los enfrentamientos.
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