Ollanta Humala juramentó como presidente del Perú el 28 de julio del 2011 comprometiéndose a impulsar el diálogo para resolver los conflictos sociales que abundaban en el país. En su discurso inaugural, el mandatario dijo que “el incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestran, día a día, que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad”.
(Cecilia Remón – Noticias Aliadas) Perú – El nuevo gobierno había heredado 214 conflictos sociales, de los cuales 118 eran socioambientales, particularmente contra proyectos mineros, según la Defensoría del Pueblo. Además, durante el gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), 195 personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia desatada durante los conflictos.
Pero a sólo cuatro meses en el poder, Humala decidió dejar de lado el diálogo e imponer la “mano dura” para controlar las protestas sociales contra las actividades extractivas. El gran detonante del giro presidencial fue el proyecto Conga, un emprendimiento de US$4.8 millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de cuatro lagunas ubicadas en la parte sureste del departamento de Cajamarca, en la sierra norte, y que desarrollará Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadounidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.
La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas. Estas conclusiones fueron confirmadas en abril por tres peritos extranjeros contratados por el Estado.
Una de las principales críticas que hacen expertos a los EIA es que, además de ser realizados por consultoras contratadas por las mismas empresas mineras, su aprobación esté a cargo del Ministerio de Energía y Minas, que otorga las concesiones.
Represión policial
La decisión de Humala de impulsar Conga —que desencadenó la caída del gabinete encabezado por Salomón Lerner el 10 de diciembre a consecuencia de la orden presidencial de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, y el nombramiento de ministros más sintonizados con la nueva posición gubernamental— ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo.
La respuesta de las autoridades gubernamentales a las protestas ha sido la declaratoria de estados de emergencia, detención de autoridades y represión policial y militar. Desde que Valdés asumió el cargo en diciembre, 17 personas han muerto en choques con la Policía y el Ejército, cinco en Cajamarca en la última semana de junio, por heridas de bala.
Hasta junio, la Defensoría del Pueblo registró 247 conflictos sociales, de los cuales 60% son socioambientales, en su mayoría contra actividades extractivas. Además, sólo en ese mes se llevaron a cabo 93 acciones colectivas de protesta.
Un mes antes de los sucesos en Cajamarca, dos personas murieron durante la represión policial contra la población de la provincia de Espinar, en el sureño departamento de Cusco, que el 21 de mayo había iniciado una huelga indefinida reclamando a la minera suiza Xstrata —que desde el 2006 opera la mina cuprífera Tintaya— que cumpla con sus compromisos a favor de los espinarenses y cuide los estándares ambientales. La empresa asegura estar respetando el convenio marco firmado en el 2003 con las comunidades y heredado de la anterior propietaria de la mina, la australiana BHP Billiton.
El diálogo no estaba en la agenda del gobierno y su respuesta ante las protestas fue la declaración de estado de emergencia y la violenta detención del alcalde espinarense Óscar Mollohuanca sin que pesara sobre él ninguna orden judicial.
Nota completa: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6678

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