18 días duró el estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango. 20 líderes comunitarios fueron detenidos durante ese período.
El antecedente quedó claro: el presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, está dispuesto a aplicar la mano dura y a criminalizar a los sectores populares.
El dirigente Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), denunció que pese a la decisión de levantar el Estado de Sitio, no hay por parte del Estado una evaluación de los impactos sociales de esa medida y cuáles fueron sus secuelas.
Por ejemplo, no hay ninguna investigación judicial para determinar la responsabilidad por el asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel, a pesar de que existen evidencias, según las organizaciones guatemaltecas, de la responsabilidad de la empresa Hidro Santa Cruz, impulsora del proyecto hidroeléctrico que desató este conflicto.
Según Pascual, la administración de Pérez Molina resolvió dar marcha atrás con el Estado de Sitio debido a la presión política y a las protestas de indígenas, campesinos y sindicalistas, y también frente al recurso de inconstitucionalidad que provocó la medida.
“Igualmente el gobierno argumenta que se restableció el orden y la seguridad y que por eso levanta el Estado de Sitio”, detalló Pascual.
“Se levantó el Estado de Sitio pero la presencia militar continúa. Es evidente que no van a retirar los militares del municipio porque hay otros intereses”, vaticinó.
Fuente: Radio Mundo Real




