En una sesión secreta celebrada el 10 de abril de 2012, el Tribunal Especializado en Asuntos Penales en Riad sentenció a Mohammed Saleh Al-Bayadi, a quien se le había negado el derecho a disponer de representación legal, a una pena de cárcel de cuatro años que iría seguida de la prohibición de viajar durante cinco años. Un día después, el mismo tribunal sentenció al Dr. Yusif Al-Ahmad, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Islámica del Imán Mohamed Bin Saud, en Riad, a cinco años de cárcel, a la prohibición posterior de viajar durante otros cinco y a una multa de 27.500 dólares.
(Norah Al-Molhim – Jadaliyya.com) Arabia Saudí – La sentencia a ambos activistas políticos saudíes pone en evidencia un cambio reciente en los procedimientos legales que se aplican a los prisioneros de conciencia saudíes. No solo se ha incrementado de forma alarmante la aplicación de la prohibición de viajar como forma de castigo, los pacíficos activistas políticos están siendo también juzgados en un tribunal que tiene encomendado el mandato de enjuiciar terroristas y delitos relacionados con la seguridad. Donde el Ministerio del Interior era antes la única institución que emitía tales castigos, hoy se están utilizando los tribunales para dar una fachada de legitimidad a las arbitrarias prohibiciones de viajar. No obstante, sigue intacta la capacidad de ese ministerio para emitir dichas arbitrarias prohibiciones excediendo a la rama judicial. A la vista del aumento del activismo político y la movilización que el pasado año se vivió por todo el Reino, el ministerio ha decidido echar mano de injustificadas prohibiciones de viajar y a tribunales especiales para suprimir la libertad de expresión y dar una distorsionada legitimidad legal a su orquestado ataque contra la disidencia.
Utilizar las prohibiciones de viajar como forma de castigo para el activismo político representa una violación del Derecho Internacional, de la Carta Árabe de los Derechos Humanos, de la Ley Fundamental de Gobernanza saudí y de las leyes saudíes referidas a los documentos de viaje. El reciente cambio de que estas prohibiciones las emitan oficialmente los tribunales frente a la situación anterior en que solo el Ministerio de Interior podía cursarlas, revelándose así al escrutinio público, ofrece nuevas oportunidades a la comunidad jurídica. Los activistas pueden ahora desafiar legalmente esas prohibiciones en los tribunales y utilizar las tácticas de “denunciar para avergonzar” a fin de restringir los poderes en expansión del Ministerio del Interior, aunque tal desafío legal pueda resultar inútil debido a que no existe independencia judicial.
Las prohibiciones a viajar son indicativas de la mentalidad de la vieja escuela de la seguridad que prevalecían en Arabia Saudí hasta 1999, en los años anteriores a la era Internet. En gran medida servían para ejercer propósitos punitivos cuando el acceso al conocimiento, la información y el mundo exterior se limitaba a dos canales oficiales de televisión y a un puñado de periódicos controlados por el gobierno. La prohibición de viajar, unida a que los teléfonos eran fijos, conseguía que el estado tuviera un control total sobre el acceso físico y las comunicaciones de una persona con el mundo exterior. En la actualidad, limitar el mundo político y la vida social de las personas es cada vez más difícil. Por una parte, se dispone fácilmente de las nuevas tecnologías que permiten a las masas eludir los medios de control estatal, a los censores y bloqueos de Internet. Por otra parte, los recientes levantamientos árabes han alimentado la tan necesitada esperanza y animado a los activistas y grupos de jóvenes saudíes a expresar su opinión a toda costa. Dicho esto, las restricciones a la movilidad física y a viajar al extranjero siguen siendo la peor pesadilla para los muchos saudíes que pueden permitirse salir y, por eso, el uso disuasorio de las prohibiciones a viajar sigue siendo muy eficaz a la hora de impedir que cada vez más saudíes se conviertan en seres políticamente activos.
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