La minería es uno de los sectores económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire, condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que se insertan los proyectos mineros.
(Tania Sosa – Alai) América – La actual crisis mundial y la desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza troy para el año 2000, y ha aumentando de manera estrepitosa, alcanzando un valor de $1 750/onza troy para el 2011. La reincidente búsqueda del oro y la visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados, han dejado vulnerables a sus recursos naturales en la búsqueda de un rápido “desarrollo” que al final nunca llega. Las empresas mineras, el 60% de las cuales son de capital canadiense, trabajan bajo la lógica de aprovechamiento máximo, a bajo costo y corto tiempo, condiciones que son aún más ventajosas sí, en el sitio donde se instalan, se pagan mínimos ingresos tributarios y existen muy pocos compromisos ambientales y sociales, condiciones que Centroamérica les ofrece en bandeja de plata a estas transnacionales.
Las leyes de minería de nuestros países son similares al enfocarse en los métodos y requerimientos para la adquisición de concesiones de exploración y explotación, las autoridades regulatorias, y otros aspectos meramente concesionarios. Sin embargo, no incluyen obligaciones y metodologías para el control de impactos ambientales y sociales. Costa Rica es el único que en el 2010 aprobó una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, como método definitivo para negar el ingreso a este tipo de proyectos.
La legislación ambiental, bastante incipiente y escueta en la región, ha demostrado ser débil frente al accionar de las empresas mineras. Los proyectos más emblemáticos han confirmado que las mineras encuentran fácilmente los vacíos que les permiten esquivar las sanciones y violentar la legislación ambiental. En la mayoría de los casos, éstas se asocian con los representantes de las comunidades locales e incluso con representantes a nivel nacional, para obviar consideraciones de carácter social y ambiental. En el peor de los casos, las empresas se aferran a acuerdos internacionales como el Tratado Comercial DR-CAFTA, los que sirven para amenazar al país centroamericano a asumir compromisos comerciales que los obliguen a cumplir las exigencias de las transnacionales.
En cuanto al tan divulgado desarrollo que las empresas mineras dicen traer a los países, un estudio publicado en el 2011 por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) sobre los “Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica”, identificó que los ingresos tributarios que las empresas mineras pagan a los países de la región son en promedio no más del 1.5% de los ingresos obtenidos.
Movimientos socio-ambientales frente a la minería
La lucha social en contra de la minería, especialmente la metálica, ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los impactos ambientales y sociales, mismas amenazas que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos proyectos en una era que se ha denominado “recolonización”.
En definitiva, los proyectos mineros en Centroamérica se comportan de manera similar, ubicándose estratégicamente en los afloramientos de los ríos, afectando cuencas hidrográficas de vital importancia para la población; pasan por alto requerimientos técnicos y violentan las incipientes leyes ambientales, y no se hacen responsables por las afectaciones ambientales y sociales. Las consecuencias de la minería son irreversibles, afectan y afectarán a generaciones que estarán condenadas a un restringido acceso al recurso agua en calidad y cantidad, así como a la exposición a contaminantes como los metales pesados, limitando sus capacidades de desarrollo, generalizando la pobreza y particularizando las ganancias.
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