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Al igual que los “diamantes de sangre”, los expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.
(Amanda Wilson – IPS) Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en la República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.
La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de EEUU, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.
Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen de si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de los derechos humanos perpetradas por grupos armados.
La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.
Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo lleva ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.
Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de EEUU y de la RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.
La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques a los civiles en El Congo y que obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.
Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un seguimiento de la cadena de abastecimiento, e informó de que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos de los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.
africasaqueominerales.jpgEl estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre, y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.
“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en EEUU. “Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y llevamos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.
La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.
“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.
La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.