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La represión en El Salvador y las leyes antiterroristas en el continente

El movimiento social de América Latina registra una ofensiva por parte de los estados-nación que responden a los intereses del imperio, siendo evidente la imposición de leyes antiterroristas calcadas de Ley Patriota (Minga Informativa) América latina - El 2 de julio en la comunidad de Suchitoto, El Salvador, en medio de una lluvia de gases lacrimógenos y disparos fueron detenidas 14 personas, las que son acusadas de actos de terrorismo, daños agravados y lesiones. Los detenidos son en su mayoría integrantes de la Asociación para El Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), organización que participaba de una manifestación en contra del lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un proyecto de agua.
La política nacional de descentralización no es más que un eufemismo para el proceso de privatización del agua que vienen imponiendo los organismos financieros internacionales en todo el continente. La respuesta violenta de parte del estado salvadoreño a la manifestación de Suchitoto, y la aplicación de la Ley Antiterrorista no es más que una consabida estrategia del imperio en América Latina de criminalizar la respuesta del movimiento social a los procesos de desterritorialización y apropiación de recursos por parte de las transnacionales.
La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo fue aprobada en El Salvador el 21 de septiembre del 2006. Consta de 53 artículos y clasifica 29 acciones como "actos terroristas". Los 14 encausados bajo los cargos de terrorismo podrían ser condenados hasta con 60 años de cárcel.
El caso de los detenidos en Suchitoto nos trae a la memoria la reciente sentencia que se dio en México en contra de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, que fueron sentenciados el cinco de mayo pasado a 67 años y seis meses de prisión cada uno. El pasado 26 de abril el Senado de México aprobó 12 leyes, entre ellas el artículo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta 1.200 días de multa. El artículo 139 fue elaborado a la medida de los requerimientos de los EEUU. Se considera terrorismo "cualquier presión para que las autoridades tomen una determinación".
Los hermanos mapuches de Chile se les ha venido aplicando la ley antiterrorista que data de la época de Pinochet. No en balde se tuvieron que declarar en huelga de hambre los cuatro mapuches acusados de un incendio terrorista y condenados a 10 años y un día mas al pago de una indemnización de $424.964.798 a la empresa forestal MININCO. La Ley Antiterrorista (ley 18.314), además de la Ley de Seguridad Interior del Estado sirvieron para demostrar una vez más la persecución que existe en Chile en contra de las poblaciones autóctonas, y como la defensa de sus territorios ancestrales es considerado un acto de terrorismo.
El caso de Colombia es aún más patético: el 60% de los sindicalistas asesinados el año pasado en el planeta, eran oriundos de ese país. La cruenta guerra que se viene librando en ese país ha sido utilizada para efectuar periódicas purgas políticas, donde los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes indígenas y la población en general se ven expuestos a ser acusados de ser elementos al servicio del terrorismo.
El movimiento social de América Latina registra una ofensiva por parte de los estados-nación que responden a los intereses del imperio, siendo evidente la imposición de leyes antiterroristas calcadas de Ley Patriota, fabricada después de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
 
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