Los costarricenses celebran este jueves el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que canceló la concesión de la mina Crucitas a la empresa canadiense Infinitos Gold por irregularidades en los permisos otorgados a ésta por el Gobierno.
(Prensa Latina) Costa Rica – "Se ordena al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito", dice la sentencia del Tribunal, integrado por los jueces Eduardo González Segura, David Fallas Redondo y Grace Loaiza Sánc.
Cientos de personas que esperaban la decisión judicial, celebraron en la Fuente de la Hispanidad, como cuando gana la selección nacional de fútbol.
"Aquí el poder político y económico todavía no puede hacer lo que quiera con este país, y creo que es un triunfo de todos los costarricenses", afirmó el abogado Edgardo Araya, de la Asociación Norte por la Vida, quien fue recibido como un héroe por la multitud.
Tras anular la concesión de la mina a la transnacional canadiense, el Tribunal pidió a la Fiscalía abrir un proceso contra el ex presidente Oscar Arias (2006-2010), el ex ministro del Ambiente Roberto Dobles y otros seis funcionarios, por supuestas irregularidades en los permisos otorgados para la extracción del oro en Crucitas, muy cerca de la frontera con Nicaragua.
La empresa Industrias Infinito, filial de la Infinitos Gold, recibió todos los permisos del Gobierno en 2008 para extraer en 10 años 800 mil onzas del valioso metal (19,8 toneladas), valoradas al precio actual en unos 800 millones de dólares.
El proyecto fue declarado de "conveniencia nacional" por el entonces presidente Oscar Arias, pese a que el país solo obtendría un irrisorio 11 por ciento de las ganancias, y daños ambientales irreparables.
La víspera, el Estado costarricense, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, e Industrias Infinito S.A. fueron condenados, además, a pagar las afectaciones al medio ambiente producidas por la tala de árboles en los terrenos donde se pretendía extraer el oro a cielo abierto.
En un comunicado, la transnacional anunció que apelará la sentencia, por lo que la disputa será zanjada por la Corte Suprema, hacia mediados de 2011.
La extracción del oro se encontraba paralizada desde 2008 por diversos recursos judiciales, por lo cual, el Gobierno deberá indemnizar a Infinito Gold con mil 700 millones de dólares si el proyecto no prospera.
Al respecto, la presidenta Laura Chinchilla afirmó en un escueto mensaje que respetará el fallo y que analiza los pasos a seguir.
"El Gobierno de la República reitera el respeto a las resoluciones judiciales, y esperará la comunicación de la sentencia en su totalidad para estudiarla, emitir su criterio y resolver las acciones a seguir", subrayó la mandataria
Jueces costarricenses recomendaron al Ministerio Público abrir un juicio contra el ex presidente Oscar Arias, tras las irregularidades detectadas en el proceso de concesión de una mina de oro a una empresa transnacional.
Arias, quien gobernó a Costa Rica entre 2006 y 2010, declaró como "de conveniencia nacional" la explotación del yacimiento Crucitas, en el norte del país, a pesar de los daños al medioambiente.
El Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la víspera el decreto ejecutivo, consideró necesario abrir una causa judicial contra Arias, el ex ministro de Ambiente Roberto Lobo y otros funcionarios involucrados en la aprobación del proyecto.
Edgardo Araya, abogado de la asociación ecologista Norte por la Vida, apoyó la apertura de una investigación al ex presidente y demás involucrados en el otorgamiento de los permisos a Industrias Infinito, subsidiaria de la Golf, para explotar la mina.
Según la sentencia del tribunal, integrado por los jueces Eduardo González, David Fallas y Grace Loaiza, quedó cancelada la concesión para extraer un millón de onzas de oro del yacimiento, ubicado cerca de la frontera con Nicaragua.
Los magistrados confirmaron irregularidades en el otorgamiento del permiso de viabilidad ambiental y la eliminación de un camino público en la zona donde se iba a construir la laguna de relaves.
El tribunal condenó al Estado costarricense, al Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y a Industrias Infinito a pagar por los daños al entorno ocasionados en los terrenos en los cuales se pretendía extraer el metal.
El decreto firmado por Arias permitió el derribo de 50 hectáreas de bosque donde crecían decenas de almendros amarillos, una especie cuya tala está vedada para preservar el hábitat de muchos animales en peligro de extinción.