El gobierno panameño anunció que “La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”.

(Marco a. Gandásegui. H – Alai) Panamá – La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas norteamericanas”.
Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará al país del norte. 
Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU  profundizan la militarización de un amplio espacio territorial… desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia.
El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao.
Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.
Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.
Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de EEUU, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.
Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos  y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de  atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.
Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional.