Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta.
(El Caldero) Mundo – “El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla.
La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional and Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con aewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación.
Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia.
El Banco Mundial, entre otras instituciones, defiende este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros.
Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas.. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria.
Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición.



