En 2008, de las 100.000 ha de maíz transgénico en la UE, 80.000 están en el Estado español. En 2009, Alemania, Francia, Grecia, Hungría y Austria han prohibido su siembra…
“No se respeta el principio de precaución, no existe la suficiente investigación científica acerca de los perjuicios que puede provocar el consumo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Además la mayoría de la investigación publicada está financiada por las propias multinacionales”, como Monsanto, Syngenta o Pioneer, denuncia Andoni García Ariola, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Agregando “Monsanto gasta millones en propaganda, contrata agencias de comunicación, lanza campañas de difamación contra investigadores que denuncian los peligros que éstos podrían causar”.
En la Unión Europea, entre 1998 y 2004, se aplicó una moratoria a los OGM, el Gobierno de Aznar hizo oídos sordos a esta paralización. Una situación que fue investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. “Incomprensiblemente, las autoridades responsables en el Ministerio de Agricultura (…) han permitido –por las razones que fueran– su comercialización a gran escala en nuestro país por parte de la mercantil Syngenta, en una violación absoluta de lo establecido en la orden de Reglamento de Variedades Vegetales”, según el informe del fiscal que hizo público Rafael Carrasco en 2004 en Interviú.



