El Senado español aprobó este jueves la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, con la que se pretende criminalizar las protestas y endurecer las penas por manifestarse en plazas públicas o realizar acciones reivindicativas ante sedes de las instituciones del Estado.

La ley incluye cuestiones que causaron la indignación y la preocupación tanto de la ciudadanía como de numerosas entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, además de las propias instituciones europeas.
Entre las medidas que más preocupan están los apartados que definen como faltas muy graves manifestarse o alterar el orden público en las sedes de las instituciones del Estado o realizar actos de protesta en infraestructuras, como lo hacen habitualmente los activistas de la organización ecologista mundial Greenpeace. Por este tipo de protestas se prevén multas que podrían llegar a 600 mil euros (11 millones de pesos). Estas faltas, además, ni siquiera tendrían derecho a ser apeladas en un juicio.
Durante su trámite en el Senado, todos los grupos de la oposición expresaron su preocupación por el espíritu represor de esta ley mordaza, y prometieron que de producirse a finales de año un cambio en el poder tras los comicios generales se derogará esta normativa por suponer un atentado a los derechos humanos.
La versión final de la ley señala que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar las vallas de contención para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal a España.
Fuente: Armando G. Tejeda – La Jornada