A lo largo del pasado mes de julio se celebró en Bruselas la sexta ronda de negociación en torno al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), bajo el mismo aura de opacidad y secretismo que ha caracterizado este proceso desde que la Unión Europea (UE) y los Estados de Unidos de América (EUA) lo pusieran en marcha en junio de 2013.
(Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate y Juan Hernández Zubizarreta – Gara) Bélgica – Esta propuesta, que espera ser definitivamente aprobada a lo largo de 2015, plantea un nuevo marco de regulación de las relaciones comerciales y de inversión entre las dos regiones a ambos lados del Atlántico, con el objetivo último de generar el mercado más grande y relevante del planeta. Para ello, se pondrían en marcha básicamente cuatro iniciativas (armonización normativa; nueva arquitectura política y jurídica entre empresas e instituciones públicas; rebaja de aranceles; marco favorable a la privatización de servicios) que, de aprobarse, alterarían profundamente las reglas de juego básicas del estado social y de derecho europeo.
Por supuesto, estas transformaciones serían positivas y necesarias para quienes defienden el Tratado. En este sentido, y frente al magro desempeño económico actual, se deberían priorizar las medidas que mejoren las perspectivas de negocio, de manera que se genere más inversión, más empleo y, en última instancia, mayor bienestar. Desde esta premisa, ya han sido publicados diversos estudios [1]que, sin conocer los contenidos de los que se aprobará, ya auguran que el TTIP tendrá un resultado óptimo en términos de crecimiento económico (en torno al 1% en la UE), de comercio (17%) y en la creación de miles de empleos.
Por el contrario, cada vez somos más las voces que desde ámbitos académicos, sociales y políticos pensamos que el TTIP, si atendemos a la información filtrada hasta el momento, podría tener un impacto muy negativo en términos ecológicos, sociales, económicos, laborales y democráticos. En este sentido, y frente a quienes defienden el TTIP, no creemos que haya una correlación positiva sino negativa entre beneficios y bienestar, de tal manera que asistimos hoy en día a un conflicto capital-vida profundo y notorio. El TTIP no haría sino agudizar este conflicto de manera exponencial en contra del bienestar de las grandes mayorías y de los derechos de la naturaleza, al establecer una estructura político-jurídica que únicamente favorece a los intereses de las grandes empresas trasnacionales (ETN).
Esta afirmación se sustenta sobre el análisis de los cuatro ejes principales del acuerdo antes señalados y de sus implicaciones sobre una realidad marcada a su vez por dos dinámicas prioritarias en el contexto global: el peso hegemónico de las ETN como actores económicos y políticos, por un lado; y la creciente competencia geopolítica entre ETN, por el otro. Ambas dinámicas nos permiten comprender mejor qué está en juego, quién, por qué y para qué se propone este acuerdo.
Precisamente en función de esta lógica estructuramos el presente artículo, describiendo en un primer apartado estas dos tendencias del contexto actual, para en un segundo apartado proceder a analizar los cuatro ejes principales del acuerdo y sus posibles consecuencias.
Empresas transnacionales: hegemonía y competencia
Una de las características fundamentales de nuestra realidad es el papel protagónico de que las ETN han alcanzado como actor global, acumulando un poder económico sin precedentes que se va trasladando progresivamente y de manera decidida a los ámbitos político y jurídico. Así, las ETN ya controlan los mercados y el conjunto de las cadenas mundiales de producción, comercialización, distribución y finanzas, y presionan a los gobiernos (de manera directa o indirecta, a través de miles de lobbies de presión) para garantizar la seguridad de sus expectativas de negocio. Para ello, pueden llegar a alterar las reglas básicas de juego del estado social y de derecho, si fuera necesario. En este sentido, han avanzado mucho y no cejan en el empeño de implementar un nuevo Derecho Corporativo Global, plasmado en una maraña de contratos, convenios, tratados y normas de comercio e inversiones -de carácter multilateral, regional y estatal-, que se sitúan por encima del marco internacional de derechos humanos y de las prerrogativas de las instituciones públicas. Así, sus normas son imperativas, ejecutables y exigibles en tribunales arbitrales cuyos laudos tienen la máxima eficacia y en los cuales, contra todo principio democrático, se equipara a gobiernos (supuesto interés público general) con las ETN (explícito interés privado).
Nota completa: http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/gara_2014-09-16-07-00/hemeroteca_articles/ttip-ue-y-eua-golpe-transnacional-contra-la-soberania-popular
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