12 jóvenes de Iruña van a ser juzgados por realizar un acto de desobediencia civil. Se les piden 2 años y medio de cárcel por hacer una sentada y cortar el tráfico dentro de los actos de la campaña por la okupación "Iruñerria Piztera goaz" que, en respuesta al desalojo del gaztetxe Euskal Jai, acabó con la okupación del Palacio de Rozalejo.
Bajo el lema “Nik ere egin nuen- Yo también lo hice“  se va a denunciar la escalada de la represión que, en contra de los movimientos sociales en particular y los derechos civiles en general, se está produciendo en Nafarroa.
“Estamos padeciendo una apropiación del espacio público, de la calle, a través de una presencia policial constante. Ya son más de 1000 los policías municipales que nos vigilan y controlan por las calles de Iruña. Y se emplean con dedicación en reprimir cualquier tipo de gesto o actuación que implique un cuestionamiento de las normas que defienden.
Su jefe, el ex-militar Santamaría, se implica de forma exhaustiva en esta tarea. Acude personalmente a todos los desalojos, defiende con la alcaldesa del partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) las actuaciones violentas de sus agentes como cuando en julio de 2007 mataron a porrazos a una mujer de etnia gitana.
Comandado por el grupo antidisturbios que él creó, acude acompañado por su escolta de 10 o 15 agentes a presenciar todos los juicios que contra los movimientos sociales se producen.