A la reciente aprobación de la Ley Minera en Ecuador se une la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en el Perú y en Chile se debate una reforma constitucional que desconoce los derechos y la existencia misma de los pueblos indígenas.

La mayoría aprista (partido de gobierno), en alianza con el fujimorismo y otros partidos de derecha del Congreso del Perú ha aprobado una Ley de Recursos Hídricos privatizadora que afectará las cabeceras de cuenca, destinada a favorecer el manejo del agua por las multinacionales extractivas. Lo ha hecho violando un dictamen que se había consensuado con las organizaciones campesinas, agrarias e indígenas.
Estas organizaciones Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACC) y sus bases territoriales, denunciaron que de ese dictamen original se han retirado aspectos claves para garantizar el derecho y protección del agua como “dominio y uso público”, el término sin fines de lucro, el párrafo sobre protección y la preservación de cabeceras de cuenca fue modificado para favorecer a las empresas mineras, principalmente.
La aprobación de esa ley forma parte del conjunto de normas emitidas por el Estado peruano para “adecuar” la legislación nacional al TLC con Estados Unidos. El TLC con Chile y el que se negocia con la Unión Europea, que busca también favorecer a las multinacionales de ese continente para manejar los recursos hídricos, van en el mismo sentido. Y constituyen graves amenazas para la vida.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)  llama a sus organizaciones integrantes y al conjunto del movimiento indígena y popular del continente, a continuar articulando propuestas contra la crisis civilizatoria expresada en el colapso financiero y ambiental.