El mundo rural ha sido ocupado por nuevos terratenientes que invierten sus fortunas, procedentes de pelotazos urbanísticos, en la compra de terrenos para crear cotos de caza. Los nuevos ricos, y caciques de la zona, llevan a cabo grandes cerramientos cinegéticos y cierran los caminos públicos patrimonio de todos. Asociaciones senderista y ambientales luchan contra la usurpación de los caminos públicos.
(María José Esteso Poves – Diagonal) España – “Unos caminos por los que han pasado durante toda la vida, y que llevan a unas zonas con vistas impresionantes, están cerrados a cal y canto”, dice María Carmen García, alcaldesa del municipio de La Pesquera, Cuenca, de 250 habitantes. Ella ha iniciado el proceso para abrir esos caminos públicos y ahora tendrá que acudir a los tribunales.
María Carmen García ha asistido a las VII Jornadas de Caminos públicos, celebradas en Constantina, Sevilla, el 1, 2 y 3 de noviembre pasado, donde se han reunido representantes y activistas de más de 15 organizaciones ambientales y senderistas de todo el Estado español que se enfrentan a la usurpación de los caminos públicos en su territorio.
La privatización o el robo de caminos públicos, vías pecuarias y el dominio público hidráulico (ribera de los ríos) es una constante. En los últimos años, los nuevos ricos del ladrillo están invirtiendo sus fortunas en el mundo rural. Compran fincas que juntan para crear cotos cinegéticos que envuelven con vallados, y dentro de ellos se quedan los caminos públicos, muchas veces únicas vías de comunicación entre pueblos.
Son caciques, nuevos señoritos, propietarios ‘aprovechados’ y hasta la propia Adminis-tración autonómica los que ponen puertas al campo con la complicidad, en muchos casos, de los ayuntamientos. “Es una vuelta al pasado, al caciquismo, me genera mucha tristeza y rabia”, dice José Manuel Flores, presidente de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos, que en 2007 puso en marcha, con otros activistas, la plataforma en Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el cierre de caminos, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha.
Para el geógrafo catalán Xavier Campillo, experto en caminos, no existe vacío legal y nuestra jurisdicción recoge en varias normativas la defensa de los caminos públicos como bienes patrimoniales que no se pueden vender.  “La Ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles”, señala Campillo. Además, los motivos de ese cambio de uso deben ser, en todo caso, “la utilidad pública”. También la Consti¬tución reconoce el derecho a la libre circulación (Art. 19) y a disfrutar del medio ambiente (Art. 45), derechos fundamentales que se violan con la usurpación de los caminos.
Abrir el paso de los caminos
“El corazón nos pide usar los alicates”, reconoce Flores. Se refiere a una de las primeras acciones en Andalucía, donde decenas de personas atravesaron una finca donde se habían cerrado los caminos públicos que la atravesaban, en Lugros, Granada, gracias al corte de la alambrada. De entonces, hay pendiente una multa de 3.000 euros y la imputación penal de seis personas, entre ellas el alcalde de Lugros. En esa lucha están también el club de montaña Elbruz y la asociación senderista de El Batolito (Sevilla).
En Córdoba nació otra organización pionera que integra la plataforma: “A Desalambrar surge en 2001 formada por grupos senderistas, ciclistas y ecologistas preocupados por el masivo cierre de caminos. De 67 caminos públicos en la Sierra de Córdoba capital, 44 están cortados total o parcialmente.
En otros pueblos del norte, la situación es peor, con municipios con un 80% de caminos cerrados”, afirma Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, que ha conseguido movilizar en la última manifestación a más de 2.000 personas y que el Ayuntamiento de Córdoba esté a punto de aprobar un inventario de caminos públicos.
En Salamanca también existe una asociación contra el cierre de nuestros caminos. "Los caminos que no se quedan los caciques se los comen las zarzas", dice Vicente García presidente de la asociación Trochas Viejas. El cierre de caminos en el pequeño municipio de Martinamor llevó al secretario de este grupo, Jesús Cabanillas, a crear la asociación en 2009 y hacer un estudio de los caminos de su pueblo. Varios estaban cerrados. Después organizaron unas jornadas para debatir sobre este patrimonio público y hoy siguen en la misma lucha dentro de la Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. "Vivo en Bejar (Salamanca) y tampoco allí tenemos apoyo local y por eso nuestro fuerza esta en la unión con las organizaciones que componen la plataforma" afirma García.