Una campaña contra el BID, a la que adhieren más de 30 organizaciones sociales del mundo, denuncia que los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus objetivos y las consecuencias para los pueblos.
(Rebelión) Mundo – La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID -a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.
Declaración de campaña
A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el BID. El primer artículo del Convenio Constitutivo (CC) del BID señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.
Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”.
Adicionalmente, un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe.
La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales. Siempre apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la IIRSA, ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.
Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico.
No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el rol que ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la apropiación de parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los créditos otorgados a los gobiernos.
La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años.
La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.