Un amplio frente que, por primera vez, incluye la mayor coincidencia de organizaciones políticas, sociales, campesinas y gremiales para desarrollar un plan de movilización nacional contra el gobierno se constituyó hoy en esta capital.
(TeleSur/Prensa Latina) Paraguay – Con este frente se le otorga prioridad a evitar la aprobación definitiva de la llamada Ley de Alianza Público Privada considerada como herramienta para la privatización de las empresas públicas y favorecedora de las multinacionales.
El documento constitutivo fue firmado por partidos políticos de izquierda, distintas centrales sindicales, la Federación de Educadores del Paraguay, el poderoso sindicato de trabajadores de la electricidad y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas.
La meta más urgente trazada por la Coordinadora es evitar la aprobación definitiva de la llamada Ley de Alianza Público-Privada considerada como herramienta para la privatización de las empresas públicas y favorecedora de las multinacionales.
Pero también lo suscribieron organizaciones estudiantiles, agrupaciones campesinas de base, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Consejo de Organizaciones Populares, entre otros.
Paralelamente, la cadena de movilizaciones que ya se registra en el país a favor del impuesto a los grandes agroexportadores de soja, maíz, girasol y algodón, se incrementará ante la inminencia de su rechazo por parte del Congreso.
El proyecto inicial que gravaría la exportación de granos en su estado natural está bloqueado por la presión y amenaza de dichos intereses económicos y de las empresas extranjeras beneficiadas, todos ellos considerados como evasores impositivos.
Otra demanda fundamental que ganará más presencia en las calles con la constitución de la Coordinadora será la lucha contra los despidos masivos destinados a achicar el Estado y aplicar una disposición de ese tipo por motivos ideológicos.
Igualmente, la defensa de los docentes que sufren descuentos salariales por sus protestas y la oposición a planteamientos oficiales sobre la falta de fondos para mantener el carácter gratuito de la educación y la salud aprobado durante el gobierno de Fernando Lugo.
Toda una serie de actos, marchas, cortes de ruta y demás formas de protesta se iniciarán a partir de esta semana de acuerdo al anuncio hecho durante la constitución de la nueva instancia.
Con este frente se le otorga prioridad a evitar la aprobación definitiva de la llamada Ley de Alianza Público Privada considerada como herramienta para la privatización de las empresas públicas y favorecedora de las multinacionales.
Además de ello, la cadena de movilizaciones que se desarrolla en la nación en apoyo al impuesto a los grandes agroexportadores de soja, maíz, girasol y algodón, aumentará ante el rechazo por parte del Congreso paraguayo.
Otra de las medidas según lo reseñado será mayor presencia en las calles por la lucha contra los despidos masivos destinados a depurar el Estado y aplicar una disposición de ese tipo por motivos ideológicos.
Del mismo modo, continuará la defensa de los docentes que sufren descuentos salariales por sus protestas y la oposición a planteamientos oficiales sobre la falta de fondos para mantener el carácter gratuito de la educación y la salud aprobado durante el Gobierno de Fernando Lugo.
Los actos, marchas y paralizaciones se realizarán desde este miércoles de acuerdo con el anuncio hecho por la constitución de la nueva instancia.
El presidente Horacio Cartes, tomó posesión de su cargo el pasado 15 de agosto bajo un escenario marcado por fuertes protestas de docentes, personal médico, y un serio déficit presupuestario que profundiza los problemas sociales de la región.
24 mil trabajadores afectados por despidos
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, admitió este martes la posibilidad de que la ola de despidos ya iniciado de trabajadores publicos afectará a unos 24 mil empleados.
Cartes explicó que durante 15 meses de ocupación del cargo tras la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, fueron designados 24 mil militantes político partidistas en distintos organismos y empresas estatales, por lo que corresponde ahora despedirlos.