El Senado italiano aprobó una nueva ley de seguridad que permite a los médicos denunciar a los inmigrantes ilegales que se atiendan en centros sanitarios.

El gobierno conservador de Silvio Berlusconi dio un paso más en su política antiinmigratoria.  La nueva norma, que propuso la xenófoba Liga Norte, miembro de la coalición gubernamental, canceló una ley anterior en la que justamente se prohibía a los médicos convertirse en un cuerpo de delación de indocumentados.
Además, la disposición establece la creación de un registro de vagabundos extranjeros para facilitar su expulsión del territorio italiano, así como un aumento en el valor del trámite del permiso de residencia, pasando dicho monto de los actuales 80 a 200 euros.
Entre los artículos aprobados uno de ellos se prevé una pena de cárcel de hasta cuatro años para los inmigrantes sin papeles que no obedezcan la orden de expulsión. En otro, se permite a las autoridades locales la creación de las llamadas rondas, es decir, grupos de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles.