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Un informe del relator especial de la ONU sobre racismo alerta del incremento de nuevas fórmulas de discriminación racial derivadas por los recortes impuestos por el Gobierno español. El texto, elaborado a partir de una visita celebrada en enero, advierte de las consecuencias de la ley que excluye a los migrantes irregulares de la sanidad pública. Además, certifica la pervivencia de problemas que ya habían sido denunciados, como los CIEs o las redadas racistas.


(Alberto Pradilla – Gara) España – Severo varapalo de la ONU al Gobierno español debido al incremento de las prácticas de exclusión racial. El informe elaborado por Mutuma Ruttere, relator especial sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia presenta un retrato del Estado español donde los fenómenos que ya venían siendo denunciados se han visto agravados por los recortes impuestos por el Ejecutivo del PP. El documento, publicado el 6 de junio, fue elaborado tras una visita realizada finales de enero y constanta la persistencia de las redadas policiales racistas, los malos tratos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) o las «inhumanas» condiciones laborales de «sin papeles». Unas prácticas a las que se les suman nuevas problemáticas, como el decreto aprobado por el Ejecutivo del PP que excluye de la asistencia sanitaria a los migrantes irregulares o el drástico descenso de los fondos destinados a combatir el racismo. Todo ello en un contexto de grave crisis que afecta especialmente a colectivos más vulnerables. Pese la reprimenda, Madrid no se da por aludido, elude las acusaciones y asegura estar «comprometido en la lucha contra el racismo y la xenofobia».
En el informe, de 24 páginas, el relator advierte que los migrantes (y minorías como la etnia gitana) siguen padeciendo «discriminación en áreas com la educación, el acceso a la salud, a los servicios públicos, la vivienda y el empleo». Una circunstancia que se ha visto agravada por la crisis, con un «drástico» recorte en los presupuestos de agencias y organizaciones.
Por ámbitos, el acceso a la salud es el que presenta la principal novedad denunciada por la ONU: el decreto 16/2012 por el que los migrantes irregulares quedan fuera de la atención primaria (salvo en el caso de menores y embarazadas). «La legislación adoptada como parte de las medidas de austeridad económica y que restringe su acceso (de los migrantes) a la atención sanitaria constituye un lamentable desarrollo», advierte el relator. Pese a que diversos gobiernos como el de Lakua o el de Iruñea no están aplicando la normativa estatal, Ruttere advierte de las consecuencias de un nuevo decreto que condicionaría los cuidados al pago previo o a la contratación de un seguro. Algo que, según denuncia, impondrá una «barrera» a un derecho como la atención sanitaria. Por este motivo, recomienda «revisar» la normativa y advierte de que esta contraviene tratados firmados por el Estado español, como el Convenio por los derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención internacional por la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cabe recordar que ya se han denunciado casos de personas fallecidas tras no recibir atención médica, como el ocurrido en Mallorca en el mes de mayo. Pese a ello, Madrid no rectifica. En su respuesta oficial antes de la publicación del informe (fechada a 28 de mayo), se escuda en la «prevención del turismo sanitario», en referencia a ciudadanos europeos que, supuestamente, viajan al Estado español para someterse a operaciones no cubiertas en sus lugares de origen.
Sobre el empleo, el relator advierte del especial impacto del paro en la población migrante y denuncia, como ejemplo, las «chocantes» condiciones de vida que padecen los «sin papeles» en invernaderos en Almería. «Carecen de la infraestructura y los servicios más básicos, entre ellos la sanidad, la electricidad o agua potable». En este sentido, considera que «el respeto a los derechos humanos y la dignidad de estos migrantes debería de ser una prioridad para el Gobierno».
Las redadas racistas constituyen otra fuente de preocupación. Estas «continúan como un problema persistente» pese a que, supuestamente, el Gobierno español aprobó en 2012 una circular en la que instaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a poner fin a estas prácticas. Sin embargo, a día de hoy, el Ejecutivo ni siquiera sabe si esta se está cumpliendo, tal y como reconoce en su respuesta.
Otro motivo de alarma es el funcionamiento de los CIEs. Como ejemplo, Ruttere habla de los centros de Algeciras y Tarifa, de los que considera que «no cumplen con los mínimos requisitos y están inadecuada y pobremente equipados para acomodar a los migrantes». A su vez, denuncia los relatos sobre maltrato, tortura e incluso muerte de personas encerradas en los centros, instando a implementar una regulación y permitir el acceso a las ONGs, habitualmente vetadas.