El gobierno del general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos con más y más violencia y atropellos. El 1 de mayo fue declarado el estado de excepción en cuatro municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense San Rafael.
La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se extiende por un periodo de 30 días.
Eric Hernández, de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala informó en contacto telefónico con Radio Mundo Real que los municipios se encuentran fuertemente militarizados y que el origen de la medida se debe a la resistencia a un proyecto minero que amenaza a las comunidades.
Sin embargo, oficialmente el gobierno guatemalteco ha esgrimido la presencia de organizaciones narcotraficantes y paramilitares, lo cual señala Eric ha servido como “justificativo para reprimir”.
Dos semanas atrás el gobierno de Guatemala autorizó a la mina San Rafael iniciar un proyecto de explotación de "minado subterráneo" para extraer plata, pese al rechazo de las comunidades implicadas en ese proceso extractivo. La mina San Rafael es subsidiaria de la canadiense Tahoe Rosources.
La semana pasadalas fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo que generó pánico entre los pobladores, relata la prensa guatemalteca.
Pérez Molina se encuentra mencionado como responsable de delitos de lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante contra el ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt. De ahí que las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia comunitarios vinculen este empuje autoritario con ese proceso judicial.
Fuente: Radio Mundo Real

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