La causa contra el franquismo por la desaparición de niños durante la dictadura, iniciada por el juez Baltasar Garzón, le puso un número a esos secuestros. Más de 30.000 niños fueron segregados de sus familias y dados en adopción a personas afectas al Régimen.
Garzón ha remitido también la investigación sobre los niños perdidos a varios juzgados, que tendrán que decidir si los delitos que se pretende perseguir, y que el auto califica de “desapariciones legalizadas”, son crímenes contra la humanidad, lo cual impediría que pudiesen prescribir.
Al finalizar la guerra Franco dictó dos leyes, según las cuales la patria potestad de todos los niños que entraban en el Auxilio Social –  fundada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, pasaba a manos del Estado y así podía cambiarles el nombre y entregarlos a quien quisiese  
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le ha pedido a Garzón que ordene de inmediato que se hagan pruebas de ADN a las víctimas, alegando su edad, porque esa urgencia justificaría que se ocupase del asunto la Audiencia Nacional

Fuente: Nota del escritor Benjamín Prado en el portal Casal Argentino en Barcelona