Habitantes de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, México, hacen llegar su denuncia en contra la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, que a través de su filial Minera Cuzcatlán ha venido operando en la región desde 2008 en la extracción de plata, provocando graves problemas sociales y ambientales, cuya última secuela trágica ocasionó el asesinato el 18 de enero pasado de Bernardo Méndez Vásquez y graves heridas a Abigaíl Vásquez Sánchez.
No hubo consulta alguna para la apertura de la mina, y su imposición fue obra de autoridades corruptas que aconsejaron la vía de la acción directa, como suele ocurrir en un país donde los gobiernos de los tres niveles son obsecuentes con las corporaciones extranjeras y violentamente autoritarios contra quienes se oponen a la enajenación de ya 26 por ciento del territorio nacional concesionado a los proyectos mineros, de los cuales 73 por ciento son de empresas canadienses.
Los agresores, armados presuntamente con fusiles R-15 –que fueron identificados por los pobladores y es posible observarlos en fotografías–, son nada menos que el actual presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, quien junto con el regidor, Gabriel Pérez Ruiz, y otros sujetos que se ostentan como policías municipales abrieron fuego ese día contra quienes han manifestado su firme oposición a la explotación minera en sus territorios, que lejos de traer beneficios ha ocasionado daños significativos y una ruptura de los lazos comunitarios.
El gobierno del estado de Oaxaca pretende minimizar los graves acontecimientos aduciendo que es un problema político, pero omitiendo información vital sobre la responsabilidad de la empresa minera en el origen y desarrollo del conflicto. Personeros de la minera intervinieron burdamente en el proceso electoral local para que candidatos afines a su proyecto de explotación quedaran en los principales cargos de la autoridad municipal. Quienes resultaron elegidos se han dedicado a proteger los intereses de la empresa y a actuar en contra del mandato de los ciudadanos, generando una pugna intracomunitaria y atacando las formas representativas y de democracia directa propias de la vida comunal.
Con el apoyo económico de la corporación minera y el aval incondicional de las autoridades municipales a su servicio, se integró una asociación civil llamada San José Defendiendo Nuestros Derechos, cuyos integrantes, con el apoyo armado de cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, han llevado a cabo en estos años distintas acciones represivas contra los opositores a la empresa, hasta que el 18 de enero perdió la vida Bernardo Méndez Vásquez.
Fuente: Gilberto López y Rivas – La Jornada



