El gobierno federal concesionó durante la década anterior de gestiones panistas 26 por ciento del territorio nacional, alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera y están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero.

Gran parte de esa superficie es de propiedad ejidal y la presencia de las empresas en las comunidades ha ocasionado conflictos sociales, además de la destrucción de bosques y selvas.
Sólo las reservas de oro de México tienen un valor de unos 112 mil millones de dólares, un billón 342 mil 483 millones de pesos –40 por ciento del Presupuesto de Egresos de 2011–, y están repartidas en 43 proyectos, reporta Metals Economics Group.
El auge mundial de metales preciosos, con el precio del oro en ascenso –cuya onza durante las recientes semanas ha ido al alza hasta llegar a principios de agosto a 1.644 dólares–, llevó a la puesta en marcha de importantes proyectos, y 73 por ciento de las compañías que operan son canadienses.
Durante 2010, las 18 principales unidades mineras en operación generaron 2 millones 29 mil onzas de oro, alrededor de 2.l 483 millones de dólares –con el precio promedio de 1.224 dólares la onza durante 2010-, reporta el organismo. Esto equivale a 30 mil millones de pesos.
Pero esa riqueza trae consigo un alto impacto ambiental, territorial y social. Provoca devastación forestal y vegetal; expulsa ejidatarios, campesinos e indígenas de sus tierras y degrada el medio ambiente de forma irreversible, señala Gustavo Castro Soto, de la organización Otros Mundos de Chiapas, y experto en el tema.
En el país, de las 279 empresas extranjeras que operan, 210 son de Canadá y poseen concesiones en 26 estados. En total hay 757 proyectos en el país, de los cuales 615 están en fase de exploración, 71 en producción, 20 en desarrollo y 51 fueron aplazados. De todos estos planes, 475 son de oro y plata.
Fuente: Angélica Enciso – La Jornada