La campaña contra la criminalización de la protesta social organizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos” tiene como objetivo mostrar que dicha criminalización integra una política de los actuales gobiernos.
El objetivo de esa campaña, que durará todo febrero, es mostrar que dicha criminalización integra una política de los actuales gobiernos que, ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de las personas, prefieren proscribir la protesta social y darle trato de delincuentes a quienes ejercen su derecho.
México vive un proceso en el cual se equipara y se trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales, política que es acompañada de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho.
Frente a las acciones organizadas de protesta social, el Estado mexicano responde de forma represiva, con modalidades como el cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y la criminalización de la protesta social que “consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos”.
Para Red TDT esa criminalización es “una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad” mediante detenciones arbitrarias, equiparar a los luchadores sociales con delincuentes, agravar las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional e ilegalizar la protesta social.