Defensores de derechos humanos en riesgo
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- Categoría: México
- Publicado: Jueves 04 de Febrero de 2010
(Sara Lovera – Rebelión) México - Cipriana Jurado Herrera no atisba un sólo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, "Eso sería ponerme en sus manos para que me maten", dice.
Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha visto caer a civiles, casi a la puerta de su casa; no ha dejado de denunciar la impunidad por los asesinatos de mujeres; desde 1993 lleva la cuenta de las desapariciones constantes y levanta su voz, una y otra vez, contra la militarización que criminaliza la lucha social en todo México.
Entrevistada por SEMlac, la noche del 21 de enero, cuando Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en la ciudad de México pidiendo medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, entre todos ella como caso principal, sostuvo que no quiere esas medidas porque "son una simulación" y denunció a los funcionarios del gobierno estatal por presionarla a dejar su lucha y salir de Ciudad Juárez.
Las medidas cautelares solicitadas por AI, tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar -el 3 de enero de 2010- y luego de identificar a 16 defensores de derechos humanos en riesgo, implican que el Estado Mexicano, mediante sus policías, deban "garantizar la vida de estos luchadores". Pero lo cierto es que esa sería, agrega Cipriana, una forma de "entregarnos, porque vigilarían nuestra vida, en todos sentidos".
Según informes de la Comisión de Derechos humanos de Chihuahua, las denuncias de abusos militares llegan a 150 desde que se puso en marcha el Operativo Chihuahua en marzo de 2008, cuando se desplegaron más de 2.000 militares y 425 policías federales en la lucha antinarco y para evitar la ola de violencia.
En Ciudad Juárez, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios, y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales. "¿Entonces por qué detienen, torturan, secuestran y hasta asesinan a cualquier persona?", se pregunta Cipriana.
Así explica cómo la política contra el crimen, con lo cual las autoridades justifican la militarización, se asienta en detenciones arbitrarias de personas que se presentan en público y luego son liberadas. En esas detenciones o arraigos en realidad no nos informan, no se sabe qué está pasando, ni qué sucede con los apresados. Sobre todo cuando no hay nadie que siga los casos y busque a los encarcelados, agrega.
Los informes de una docena de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han definido a Ciudad Juárez como el sitio de mayor violencia en México, comparado con las peores épocas de militarismo en América Latina. Peor que en Colombia.
El informe de AI se presentó en público, en la capital del país, el 21 de enero. Nancy Tapias Torrado, del Secretariado Internacional de AI, presentó 15 casos documentados de agresión a los defensores de los derechos humanos quienes, dijo, "han sido víctimas de homicidio, hostigamiento, amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos" entre 2007 y 2009.
AI identifica que estas acciones tratan de impedir que las y los defensores realicen su labor de promoción y respeto a los migrantes, a los pueblos indígenas y a las mujeres en riesgo. Pero lo más grave es que denuncian los excesos de los operativos del combate al narcotráfico.
Este organismo solicitó directamente al Estado mexicano que no incurra en violaciones a los derechos humanos de la población en general y a los defensores y activistas de los derechos humanos.
En los últimos dos años, incluyendo el homicidio de Josefina Reyes Salazar, suman seis asesinatos de activistas y personas relacionadas con la denuncia del feminicidio.
Cipriana cree que molestan al gobierno, sobre todo, las personas incorruptibles y de una posición política identificada con la izquierda.