Organizaciones sociales e instituciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación rechazaron la “persecución penal ejercida por parte de autoridades federales en contra de Rosa Cruz, de ocupación artesana, apenas hablante del español y que es integrante de la radio comunitaria purépecha Uekakua”.

Cruz fue intimada en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual alcanza hasta 12 años de prisión.
La radio Uekakua es una emisora de 5 watts de potencia ubicada en la comunidad de Ocumicho, Michoacán, y es la única en esa comunidad que transmite en lengua purépecha.
Tal como señala el comunicado “desde 2002 la radio ha solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa”.
El caso de la citación a Rosa Cruz a comparecer en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público, recibida el 13 de junio, se suma “al de otras radios, como la Radio Tierra y Libertad, en contra de las cuales la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de las emisoras”, señala el comunicado.
Las organizaciones firmantes expresan “su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata”.